Tegucigalpa, (ACAN-EFE).- Un grupo de investigadores de Honduras estudian hoy las «evidencias» recabadas en las oficinas del Cuartel de Casamata, de la Policía Nacional, donde se habría fraguado el plan para asesinar al titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, en 2009.
«Se trajo algún tipo de evidencia que va ser analizada y servirá para esclarecer la muerte del general Julián Arístides González», dijo a periodistas el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo.
Explicó que fiscales y técnicos de la ATIC harán «el respectivo análisis de las evidencias», de las cuales no precisó detalles, para determinar las acciones que se seguirán en este caso.
Agentes de la ATIC y de la Policía Militar del Orden Público intervinieron ayer lunes el Cuartel de Casamata, después de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ordenará suspender de sus cargos y presentar ante la justicia a los agentes de la Policía Nacional supuestamente implicados en el asesinato de González.
El gobernante ordenó al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, que todos los supuestos responsables del crimen que sean agentes u oficiales y que aparecen en un informe difundido, ayer lunes, por un diario hondureño, sean suspendidos «de inmediato» y puestos «a la orden de la justicia».
Según la publicación divulgada por un medio de comunicación, la muerte a tiros del titular de la DLCN, ocurrida el 8 de diciembre de 2009, fue planificada por la cúpula de la Policía Nacional y mandos intermedios a petición de un narcotraficante.
El informe de prensa no precisó los nombres de los supuestos implicados en el crimen, aunque los que asesinaron a González al parecer también corrieron la misma suerte.
Hasta ahora nadie en Honduras ha sido enjuiciado por le asesinato del zar antidrogas.
El portavoz de la ATIC señaló que por el momento no se puede precisar si en las próximas horas «habrá alguna detención» por este caso, ya que por ahora el trabajo de esa institución es «investigativo».
El mismo diario informó hoy que la Policía de Honduras también asesinó al exasesor antidrogas Alfredo Landaverde en 2011 y a un fiscal de Privación de Dominio del Ministerio Público en 2013.
Según la denuncia 24 agentes policiales y un civil están implicados en el crimen de Landaverde, exasesor de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, ocurrido el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.
Landaverde se conducía en su vehículo, acompañado de su esposa, Hilda Caldera, quien resultó con una herida leve en la espalda, cuando fue asesinado por individuos que se conducían en motocicleta.
Según la misma publicación, que está en poder del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad, agentes y oficiales de la Policía Nacional también fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato del fiscal de Privación de Dominio del Ministerio Público, Orlan Chávez, el 18 de abril de 2013.
La Policía hondureña es salpicada desde 2011 por denuncias de corrupción por parte de agentes y oficiales involucrados en tráfico de drogas, robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, entre otros delitos.