EEUU dice que la debilidad del sistema judicial de Honduras lleva a una impunidad generalizada

Washington, (EFE).- Estados Unidos advirtió hoy de la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y la impunidad en Centroamérica en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, que hoy publicó el Departamento de Estado.

El documento de este año destaca el aumento de la represión global de la sociedad civil e incluye a Nicaragua entre los países que «usan pesados procedimientos administrativos y burocráticos como medios para restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad civil».

El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo (menos el de EE.UU.) respecto a los derechos humanos.

La situación en los países centroamericanos en 2015 fue, según Estados Unidos, la siguiente:

HONDURAS

Los problemas de derechos humanos «más graves» en Honduras son la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial que lleva a una «impunidad generalizada».

Además, los colectivos que sufren más amenazas son los defensores de los derechos humanos, periodistas y autoridades judiciales, así como los indígenas -que se ven forzados a abandonar sus tierras-, y las mujeres y niños, que son víctimas explotación laboral y sexual, violencia y asesinatos.

Estados Unidos reconoce que el Gobierno hondureño «dio algunos pasos» para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero aún así se cometieron y quedaron impunes muchas violaciones de los derechos humanos.

NICARAGUA

Estados Unidos denuncia que «los principales abusos de los derechos humanos» en Nicaragua fueron la restricción del derecho al voto, de la libertad de expresión, de prensa y de asociación, con «intimidaciones» y «acoso» a las ONG nacionales y periodistas, así como la «restricción del acceso a información pública».

El informe señala los «considerables obstáculos» políticos para mantener la dominación del partido único, las «detenciones arbitrarias» y los «abusos» de la policía y prisiones en unas condiciones que «ponen en riesgo la vida» y la «extensión de la corrupción».

De acuerdo con EEUU, el Gobierno nicaragüense «rara vez» dio pasos para reducir la impunidad en 2015.

GUATEMALA

Las principales violaciones de derechos humanos en Guatemala fueron la corrupción «generalizada», sobre todo en la Policía y los sectores judiciales, así como la implicación del Ejército y la Policía en «delitos graves» como secuestros, tráfico de drogas y de personas, extorsión y asesinatos, especialmente de mujeres.

Según el informe, el Gobierno guatemalteco cooperó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y dio «pasos significativos» para procesar a los funcionarios que cometieron abusos, pero aun así «la corrupción e investigaciones inadecuadas» complican la persecución de crímenes.

EL SALVADOR

Entre los problemas de derechos humanos «más graves» en El Salvador, figuran la «corrupción generalizada» y la debilidad de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó a un «elevado nivel de impunidad».

Además, EEUU denuncia la violencia doméstica, discriminación y explotación sexual de mujeres y niños en el país centroamericano.

La impunidad persiste a pesar de los pasos dados por el Gobierno para cesar a algunos funcionarios que cometieron abusos en el sistema penitenciario y en las fuerzas policiales, según el informe.

COSTA RICA

Las principales violaciones de derechos humanos en Costa Rica fueron las duras condiciones en las prisiones, discriminación por orientación sexual e identidad de género y violación de los derechos de indígenas.

EEUU señala en su informe su «preocupación» por el tráfico de personas, en particular para la explotación sexual de menores.

PANAMÁ

En Panamá, las principales violaciones de derechos humanos en 2015 estuvieron marcadas por las duras condiciones en las prisiones «sobre ocupadas», por un «sistema de salud inadecuado» y la expansión de la corrupción entre la Policía y la Justicia.

Asimismo, el cambio de Gobierno (con la llegada de Juan Carlos Varela en 2014) «resultó en varias docenas de investigaciones por casos de corrupción» a funcionarios del anterior Gobierno, pero en esos procesos individuos que se enfrentaban a los mismos cargos recibieron «diferente medidas restrictivas, lo que resultó en alegaciones de favoritismo».