Por: José Víctor Agüero Aguilar.
La población hondureña anhela que las instituciones responsables de impartir justicia, lo hagan de manera pronta y oportuna, aplicando la ley para todos aquellos compatriotas que se vean involucrados en supuestos actos de corrupción.
Un servidor público que no valora su trabajo, que actúa irresponsablemente y en lo único que piensa es aprovechar su cargo para robar, debe ser sancionado con todo el rigor de la ley por el ilícito cometido.
Mientras en Honduras siga imperando la impunidad será muy difícil que el país progrese, en toda esta maraña de corrupción la clase política ha tenido y sigue teniendo una alta cuota de responsabilidad por los desaciertos que han cometido a través de la historia, los resultados han sido patéticos, una nación empobrecida donde casi el setenta por ciento de su población vive en la extrema pobreza.
Los excesos que han cometido los tomadores de decisión han contribuido para exhibirnos como un de los países más corruptos del mundo, este calificativo debe llenarnos de vergüenza mientras no exista un cambio de actitud entre gobernantes y gobernados en su manera de actuar en el ejercicio de la función pública, el panorama para las futuras generaciones se torna sombrío.
Resulta desconcertante escuchar a influyentes políticos tanto de la oposición como los que están en el poder, hablar de moralidad, honestidad, transparencia, rectitud y de combatir la corrupción cuando sus actos dicen todo lo contrario, con la boca se pueden decir muchas cosas y quedar en un improductivo discurso, lo que verdaderamente impacta es el ejemplo que se puede transmitir a los demás.
No hay duda que en la viña del Señor hay de todo, existen personas honorables que a pesar de sus imperfecciones se esfuerzan por llevar una vida enmarcada en los valores éticos, morales y espirituales, de igual manera está la otra cara de la moneda, individuos que actúan de forma irreflexiva, deshonesta y pervertida, generando confusión y discordias.
Hay personas que no han sabido aprovechar la coyuntura de ser un servidor público, este privilegio que les concede el país, lo tiran al cesto de la basura cuando se dan a la tarea irresponsable de robar, y saquear el erario público con tal de alcanzar sus perversos objetivos.
En los últimos años el cáncer de la corrupción ha salpicado a diferentes personas, que se han visto envueltas en actos ilícitos y lo frustrante de toda esta situación es que las autoridades llamadas a poner orden y judicializar los casos evidencian una tardía aplicación de la justicia.
Lo que verdaderamente indigna a la población es que por más elementos probatorios que instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha presentado a las instancias respectivas los resultados siguen siendo pobres.
Mientras no exista un interés genuino y sincero de aplicar la justicia para todos aquellos compatriotas que han infringido la ley, Honduras seguirá siendo presa de la avaricia producto del irresponsable papel asumido por malos ciudadanos que en lo único que piensan es acumular bienes materiales sin que les cueste nada.
En las últimas semanas el CNA presentó al Ministerio Público elementos probatorios en dos líneas de investigación, donde se denuncia el proceder irregular en contra de servidores públicos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ojalá que estas denuncias no pasen desapercibidas, representan una valiosa oportunidad para que los operadores de justicia empiecen por fin a cumplirle a un país, que merece un mejor destino.