La Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad (MACCIH), presentó hoy su plan de trabajo, dentro del cual figura la elaboración de un Plan Nacional contra la Corrupción, la solicitud de reformas a leyes, a la vez que se indicó que comenzará en las próximas horas la escogencia de casos de corrupción que serán investigados como el lanzamiento de un concurso para expertos extranjeros que quieran acompañarlos.
Ese plan comenzará a funcionar en septiembre próximo cuando ya estén definidos todos los aspectos logísticos de la Misión.
El portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, detalló que el proceso se hará en conjunto con las autoridades del Ministerio Público análisis de todos los casos de corrupción.
«Vamos a trabajar en una línea correcta y de transparencia, ya que es la mejor forma para un país», refirió el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre las acciones a emprender figura la definición de los protocolos para la selección de jueces y fiscales, entre ellos los procesos de certificación que se llevarán a cabo.
Entre las acciones a emprender figuran las reformas, las que, a criterio de Jiménez Mayor son “urgentes” para implementar.
“Vamos a proponerlas al gobierno, entre ellas el Código Penal, donde se incorporarán delitos de corrupción que necesitamos incorporar, también haremos planteamientos vinculados al Código Procesal Penal, también vamos hablar seriamente sobre la Ley de Secretos Oficiales porque entendemos que es un tema sensible que requiere atención prioritaria”.
El funcionario dijo que analizarán el tema vinculado a los delitos de enriquecimiento ilícito a efecto que la Fiscalía tenga la competencia para procesar a los funcionarios que no pueden acreditar sus pertenencias y fondos.
Consideró que es apropiado la creación de una ley de colaboración eficaz que permita bajo el derechos penal que pueda configurar algún tipo de beneficio para la persona que aporte pruebas y desmantelar redes de corrupción”.
La quinta acción estará vinculada a las reformas al sistema de financiamientos políticos y de los organismos electorales.
También figura la protección de los grupos vulnerables como defensores de derechos humanos, abogados y periodistas, entre otros.