Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Levantar la bandera de lucha por una “Vida Mejor” es una acción acertada y necesaria para lograr que el autoestima del ciudadano y las condiciones de sobrevivencia en que viven los pobres y los vulnerables cambien a un rango apropiado y digno. No es lo mismo vivir en una morada sin letrinas en que para hacer sus necesidades elementales tengan que ir al monte; a vivir en una morada, que cuenta con la letrina. Solo el hecho de mejorar esa condición social implica tener una vida mejor. Igual de importante es cocinar con ecofogones a no contar con un instrumento como ese para cocinar en el área rural. O tener un techo adecuado en su casa, o tener piso, o tener filtro para tomar agua sana o contar con un huerto familiar.
Lo que es incorrecto es politizar la política pública de “Vida Mejor” y otorgar los beneficios que dicha política implica con sectarismo político y afán partidarista. Eso no es consecuente con el anhelo de los hondureños a tener vida mejor como un derecho humano legítimo.
Luchar por la vida mejor significa enfrentar los desafíos que demandan la extrema pobreza y la vulnerabilidad al Estado y a la sociedad en general. Significa ejecutar acciones asociadas al proceso de crear “Vida Mejor” a través de una ruta de solidaridad comunitaria y aplicando prácticas sociales honestas que aseguren la inclusión de los más pobres y vulnerables al desarrollo.
Pueden comprobar in situ y de manera aleatoria que la ejecución de la plataforma “Vida Mejor” en el territorio nacional no se ejecuta al libre albedrío, el proceso sigue un protocolo muy bien establecido, que pone el énfasis en una focalización territorial que identifica áreas de atención en las que predomina la pobreza extrema y la vulnerabilidad. En tales áreas, todos son importantes porque todos son extremadamente pobres y vulnerables. No interesa el color político con el cual se identifican sino que su grado de pobreza. Como bien lo expresó el Presidente JOH en una reunión del Gabinete Social: “Vida Mejor” es una cuestión de justicia social. La población hondureña que vive en pobreza extrema y vulnerabilidad es numerosa; si más del 65% son pobres, aproximadamente el 46% de ellos viven en esa situación social.
Mal hacen los opositores al gobierno al querer desvirtuar la plataforma de Vida Mejor siguiendo consignas de naturaleza electorera. Más bien lo que deberían proponer es convertir dicha estrategia en una política pública que tenga institucionalidad permanente. Tal como se ejecuta en la actualidad, la plataforma “Vida Mejor” realiza una loable práctica social, que no habíamos visto en gobiernos anteriores. Con un monitoreo y evaluación que tampoco se había implementado en ninguna política social. Además, con el involucramiento de ONG nacionales e internacionales que garantizan la ejecución sin interferencia políticas nocivas.
“Vida Mejor” no es un concepto elitista que nace en las mentes de los políticos adinerados. Por el contrario, nació precisamente en el corazón mismo de las familias extremadamente pobres; mismas que demandaron, un abordaje integral al problema de la pobreza. La lucha por una vida mejor” surge de la convicción que cada hogar, por pequeño y humilde que sea, tiene derecho a vivir de una manera digna, donde con pequeños cambios, con las inversiones justas y con grandes decisiones, se cambiará la vida de las familias más pobres.
En consecuencia, al establecer la plataforma de “Vida Mejor” lo que el actual gobierno hace, es la facilitación de beneficios que posibiliten un bienestar social básico para que los miembros de dichas familias, ganen capacidades para integrarse en la sociedad de una manera honrada, decente, honorable, noble y decorosa.
Debe entenderse muy bien que la plataforma “Vida Mejor” es parte fundamental del proceso de protección social que el Estado de Honduras ha emprendido al aprobar la Ley de Protección Social y la política pública que ello implica. Con dicha plataforma, se atiende a las familias viviendo en hogares que componen el pilar básico de la protección social y cuyos miembros no reúnen las condiciones sociales mínimas para lograr el acceso seguro y sostenible en la cadena de valor del proceso de la protección social.
Bien hace el gobierno al apoyar la lucha por una vida mejor y mal hacen ciertos políticos opositores al desvirtuarla con postulados falaces acerca de sus intenciones y realizaciones concretas.