BRASILIA (EFE). El Senado brasileño decidirá hoy si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político con miras a su posible destitución, lo cual implicaría su suspensión del cargo durante seis meses y la asunción al poder del vicepresidente Michel Temer.
El proceso, que se ha arrastrado desde diciembre pasado, cuando fue aceptado a trámite en la Cámara de Diputados, llega a uno de sus puntos culminantes con la oposición envalentonada por sondeos entre los senadores que le auguran más que la mayoría necesaria para aprobar lo que en Brasil se conoce como «impeachment».
En un intento postrero por impedir esa votación o la aplicación de su resultado, la Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, intentó un último recurso ante la Corte Suprema en el que exige la «nulidad» del proceso, pese a que casi no existen posibilidades de que prospere.
Según ratificó el presidente del Senado, Renán Calheiros, tras reunirse con los jefes de los grupos de los partidos representados en esa cámara, la sesión comenzará este miércoles a las 09:00 hora local y puede prolongarse hasta la madrugada del jueves.
Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a ejercer la palabra durante diez minutos, aunque en la oposición hay parlamentarios dispuestos a renunciar a ese tiempo a fin de acelerar el trámite.
Para que el juicio político sea instaurado, los partidarios del «impeachment» precisan una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores.
Sin embargo, la intención de la oposición es rebañar votos hasta último momento para llegar a 54, equivalentes a la mayoría calificada de dos tercios que, una vez que concluya el juicio, será necesaria para que Rousseff sea finalmente destituida.
En ese último caso, fuentes del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los principales impulsores del proceso contra Rousseff, dijeron a Efe que con esos 54 votos se le transmitiría «el mensaje de que no hay retorno posible».
Rousseff ya ha aceptado queno tendrá la mayoría simple que evitaría su separación del cargo, por lo que ha empezado a mudar sus pertenencias del Palacio presidencial de Planalto al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.
La mandataria, que sólo estará suspendida del cargo mientras dure el proceso, tendrá derecho a utilizar el Palacio de la Alvorada, que, según fuentes oficiales consultadas por a Efe, pretende convertir en el «fortín de la resistencia» a lo que califica de «golpe».