El convenio de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad (MACCIH) entró en vigencia, luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El documento fue publicado en la edición número 34,015 y publica el contrato íntegro que fue firmado el pasado 16 de enero entre el Presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
“Lo que dice el artículo es que aprueba todas y cada una de sus partes, convenios entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, con sus correspondientes anexos, suscrito el 19 de enero de 2016 en la ciudad de Washington”, dijo el subjefe de producción de La Gaceta, Carlos López.
La publicación se produjo a pocas horas que el vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, anunciara que en agosto próximo vendrán los investigadores que trabajarán en un principio con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La MACCIH investigará casos de corrupción en el país y se hará acompañar de jueces, fiscales e investigadores internacionales que serán escogidos a través de concurso.
Luego de la escogencia de los expertos internacionales comenzará el proceso de selección interna de los abogados que conocerán los casos.
La Misión presentará informes semestrales al secretario general sobre los trabajos que realiza, incluyendo los avances, desafíos y posibles obstáculos detectados en las instituciones del Estado con las cuales se relaciona, así como recomendaciones.
La MACCIH tiene 10 líneas de acción, entre ellas: seleccionar, asesorar, evaluar y certificar un grupo de fiscales y jueces hondureños que investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción.
También seleccionará y decidirá los casos de corrupción en los que colaborará activamente, y notificará a las autoridades competentes, además trabajará conjuntamente con la sociedad civil en la construcción de un observatorio, el cual monitoreará y evaluará el progreso del sistema de justicia hondureño.
También elaborará e implementará un nuevo marco jurídico para el financiamiento político electoral, entre otros.
