Estado tiene obligación de regular tarjetas de crédito

COPENHAGUE (Dinamarca). El Presidente Juan Orlando Hernández informó que un equipo de trabajo estudia las tasas de interés que cobran las sociedades emisoras de tarjetas de crédito y advirtió que el Estado tiene obligación de establecer un marco regulatorio en este sector.

“Antes de salir de Tegucigalpa para acá -Dinamarca- recibí un grupo de líderes del sector social de la economía, microempresarios, cooperativistas, y he estado dándole seguimiento al tema de la vivienda en el caso de los empleados de la maquila, y muchos de ellos están endeudados”, declaró el gobernante a la radioemisora HRN desde Copenhague, donde participó en la Cumbre Mundial de la Industria Textil.

Añadió que, “hemos estado trabajando para ver cómo logramos que vayan consolidando sus deudas y para eso me decían ellos que es necesario revisar cómo quedan en la Central de Riesgos”.

El titular del Ejecutivo indicó que, “quiero conocer los diferentes problemas que, según la gente, representan los posibles abusos”, de las empresas de tarjetas de crédito.

PONER PARÁMETROS

Además, informó que mediante sus plataformas de Facebook y Twitter ha solicitado “que la gente pueda enviarme su información, porque tengo un equipo que está estudiando cada denuncia o cada propuesta para poder hacer esto más justo”.

Hernández señaló que, “creo que es necesario poder poner parámetros, porque yo creo en el libre mercado, pero el libre mercado puede excederse, cometer abusos y ahí es cuando el Estado tiene la obligación de entrar en un proceso regulatorio”.

“Nos hace falta poner parámetros y hemos estado hablando con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para poder estructurar un equipo de trabajo que nos permita llegar a encontrar algo que convenga para todas la partes y, desde luego, proteger a nuestra gente”, concluyó el Presidente Hernández.

El pasado martes, el mandatario solicitó al Congreso Nacional dar un compás de espera a un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar la usura, para poder investigar denuncias del sector social de la economía sobre excesivos cobros de interés por el uso de tarjetas de crédito.