Amplían fondos para construcción de cárceles de Santa Bárbara y El Paraíso

El Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, informó que el presupuesto para la construcción de dos recintos penitenciarios en el departamento de Santa Bárbara y El Paraíso, se amplió para poder reducir el hacinamiento en las 25 penitenciarias a nivel nacional.

El Gobierno ha destinado más de 100 millones de lempiras, provenientes de la tasa de seguridad, para el mejoramiento de las instalaciones de los centros penales, dentro de estas se incluye la mejora en el suministro de agua potable, drenaje, seguridad y el incremento diario al presupuesto de la alimentación de los internos y mejoras a las instalaciones físicas, se informó.

En ese sentido, con la reforma al Decreto 32-2016 se permitirá la ampliación de los fondos para finalizar los Centros Penitenciarios de Ilama en Santa Bárbara y Morocelí en El Paraíso.

Las nuevas instalaciones penitenciarias contarán con aéreas de rehabilitación, recreación, talleres, centros de estudio y espacios religiosos, para que las personas privadas de libertad puedan recibir la formación que les permita su reinserción social.

Los 25 centros penitenciarios de Honduras albergan a más de 16 mil personas privadas de libertad y se espera que en julio estén concluidos estos dos nuevos centros que tienen capacidad para albergar a 1500 y 1350 internos cada uno, mencionó el funcionario quien refirió que la refirió que se le instruyó gestionar los fondos.

Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, (Conadeh), manifiesta que a partir del 2015, se habilitó treinta centros penitenciarios para adultos, que incluyen la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y la Jefatura Departamental de Policía No. 11, que alberga a los detenidos en el Departamento de Islas de la Bahía.

Hasta el 29 de diciembre del 2015, la distribución de la población penitenciaria era un total de 16,146 privados de libertad, de los cuales 8,392 son personas procesadas del sexo masculino y 500 personas del sexo femenino, ambos de nacionalidad hondureña. 6,830, son personas condenadas varones y 238 son del sexo femenino.