Se estima que entre el 2004 y el 2014 más de 41 mil familias de diversos municipios del país se vieron en la obligación de desplazarse forzosamente por razones de violencia e inseguridad ante el accionar de grupos delincuenciales y del crimen organizado, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, entregado al Congreso Nacional, el Conadeh advierte de la amenaza que representa el crimen organizado, el accionar de las maras o pandillas que tienen atemorizadas a familias enteras que finalmente se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de residencia.
El titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, lamentó la situación de “asfixia” por la falta de oportunidades, la violencia y el accionar del crimen organizado que sufren muchos hondureños que al final se convierten en migrantes forzados.
Esa vulneración de derechos se da porque el Estado no asegura condiciones apropiadas para que las personas permanezcan en sus hogares libres de amenazas y son obligadas a viajar, en su mayoría a Estados Unidos, Canadá, España y otros países de la región, resultando más de un millón los refugiados en esas naciones.
El Conadeh señala que constantemente recibe quejas de personas, en los distintos departamentos, que quieren salir del país porque son amenazadas, situación por la cual ha solicitado medidas cautelares para salvaguardar su integridad física.
Se indicó que el crimen organizado ocupa territorios y también las maras o pandillas acaparan las casas y obligan a las personas a salir para luego utilizarlas para cometer crímenes y si los jóvenes no aceptan ser reclutados se les amenaza y no solo se elimina a la persona que se negó, sino que a toda la familia y tienden a buscar desplazamientos.
Si bien en Honduras hay una comisión interinstitucional para la atención de las personas desplazadas por la violencia, en el país no hay lugares especiales para ubicarlas y poder salvaguardar su integridad física.
El Conadeh y el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR), firmaron en 2015, una Carta de Entendimiento encaminada a prevenir las causas del desplazamiento y a proteger a las personas desplazadas por la violencia en Honduras.