(EFE).- Entre los hondureños hay «una enorme coincidencia» para que en su país haya un control sobre la financiación de las campañas políticas y así evitar que la corrupción ponga en peligro la democracia.
Así lo dijo en entrevista concedida a Efe en Tegucigalpa el vocero de la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), el exministro peruano Juan Jiménez.
El tema ha sido tratado por los miembros de la MACCIH con los líderes políticos de todos los partidos, jefes de bancada y la Comisión de Asuntos Electorales del Parlamento, y representantes de la sociedad civil, y todos consideran que debe haber transparencia en la financiación de las campañas políticas, según dijo Jiménez.
«Encontramos una enorme coincidencia en que se debe tener en el país una ley de financiamiento y fiscalización de fondos partidarios», enfatizó el diplomático al explicar sobre el primer mes de operaciones de la MACCIH, que se cumplió el pasado día 19.
Jiménez señaló que la misión está trabajando «fuertemente» en colaborar para consolidar los consensos y que haya transparencia en la financiación de las campañas políticas.
En ese sentido, espera que a más tardar en agosto pueda estar la iniciativa que permita que por primera vez Honduras pueda contar con un sistema de fiscalización de fondos partidarios.
Eso supone para los hondureños que no sigan surgiendo denuncias extraoficiales de que el narcotráfico estaría financiando campañas de políticos candidatos a cargos de elección popular, de lo que mucho se ha hablado en procesos electorales pasados, pero no han investigado las autoridades hondureñas.
Jiménez subrayó que la corrupción hace daño en la política cuando existen acuerdos bajo la mesa de financiación de campañas, porque quienes aportan recursos económicos luego cobran algo.
Desde antes de su instalación, la MACCIH fijo su posición sobre el control que debe haber en la financiación de las campañas políticas, en un país que entre lo que resta de 2016 y noviembre de 2017 celebrará elecciones internas de partidos y generales.
El vocero de la MACCIH también se refirió a 27 casos de oficiales de la Policía Nacional y otros funcionarios públicos que no pueden justificar un «desbalance patrimonial», lo que conoce el Tribunal Superior de Cuentas.
«Lo que más preocupa es la demora en la tramitación de estos casos, hay doce casos por ejemplo, que tienen ya dos años de trámites en el tribunal», añadió.
Jiménez considera que estos casos de presunta corrupción deberían «tener la máxima prioridad porque estamos hablando de funcionarios que en el ejercicio de la función pública no pueden justificar los ingresos, no pueden justificar su patrimonio y esto es muy grave para el país».
La MACCIH también aboga porque se pueda hacer un ajuste al sistema legal que permita que la Fiscalía, cuando existen elementos suficientes acreditados en relación a desbalance patrimonial, se haga una «rápida investigación y sanción» para «evitar que este tipo de casos sigan sucediendo».
El diplomático indicó que en el primer mes de operaciones de la MACCIH han cumplido con el proceso de instalación y establecido los primeros contactos con la sociedad civil para poder iniciar un trabajo efectivo.
Lo más destacado para Jiménez en el primer mes de la Misión de Apoyo para combatir la corrupción y la impunidad en el país centroamericano, es la creación del sistema judicial de competencia nacional de combate a esos flagelos, que ya hizo la Corte Suprema de Justicia y fue uno de los primeros pedidos de la MACCIH.
Se trata de un sistema con dos jueces, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, que tendrán competencia nacional para juzgar los casos de corrupción en el país.
Esos jueces son los que van a permitir dictar los apremios y establecer el inicio de procesos judiciales contra personas acusadas por corrupción, indicó Jiménez, y recordó que modelos de este tipo se aplican en Brasil, Guatemala, Italia y Perú, entre otros países.
En ese sentido, Jiménez resaltó que el proceso de selección de los dos jueces será «sumamente importante» y que se busca que haya «una masiva participación de abogados y abogadas» en un «concurso abierto», para que puedan postularse para ocupar esos cargos.
Sobre la MACCIH enfatizó que su mandato -de cuatro años- y sus resultados son algo «realmente importante», no solo para los que la integran, porque lo que se busca es tener una «incidencia completa» con «resultados concretos que ofrecer al pueblo y el Estado de Honduras».
Jiménez está convencido de que la MACCIH con su «altísima relevancia de altísimo perfil» podrá dar resultados en el combate a la corrupción en Honduras.