Por: Julio Raudales.
Hace unos días, LA TRIBUNA expuso en su editorial, un interesante punto de vista sobre los desafíos que conlleva para el país, arrastrar una deuda pública cuyo pago implica ahora (y también lo hará en el futuro), un enorme sacrificio para la colectividad.
Expresa el editorial, no sin razón, lo preocupante que resulta el hecho de que hace menos de una década, el país logró el histórico alivio de más del 60% del saldo de su deuda externa, que pasó de US$ 5,800 millones en abril de 2005, a US$ 1,500 millones en febrero de 2006.
Lo anterior se dio una vez que el G-8 o Grupo de Países Poderosos, consensuaron junto al BID, BM, FMI y BCIE, la llamada MDRI (Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda), que fue el corolario de los esfuerzos realizados a partir de 1999 luego de que el huracán Mitch asolara el territorio nacional.
¡Lástima que al final el esfuerzo nacional e internacional fue vano! No había concluido la ejecución de los flujos de alivio (que implicaban un promedio de US$ 190.00 millones anuales en los primeros 6 años, cuando el país empezó a endeudarse de nuevo y esta vez de forma más acelerada.
Decía el referido editorial, que esta problemática se agrava si consideramos que el valor nominal de nuestra moneda frente al dólar americano, se está deslizando de forma más acelerada en los últimos meses, debido a las presiones que genera el cumplimiento de los criterios acordados en el Acuerdo Stand By firmado en diciembre de 2014 con el FMI.
Al respecto, se debe precisar el importante vínculo existente entre el tipo de cambio nominal y el manejo del déficit fiscal financiado con deuda.
Vale la pena aclarar que el mismo no afecta únicamente a la deuda externa, cuyo servicio se debe pagar en moneda extranjera. También el endeudamiento interno genera presión sobre las posibilidades de producción nacional, lo cual se traduce en mayor demanda por bienes importados, con lo que las reservas internacionales del Banco Central se reducen y hace necesario que se acelere el proceso devaluatorio.
Por ello es importante analizar de manera cuidadosa el impacto que las decisiones de política tienen sobre el bienestar de las personas y los sectores productivos.
Al respecto, el afamado economista Joseph Stiglitz advierte de manera reiterada en sus trabajos, la importancia de calibrar con cuidado lo que el llama “secuencias y ritmos” a la hora de tomar decisiones políticas. Garantizar el equilibrio macroeconómico es fundamental para generar crecimiento, pero la aplicación de medidas de ajuste sin considerar el costo social de las mismas, puede ocasionar daños muy difíciles de reparar sobre el bienestar.
Un buen ejemplo de lo anterior lo constituyen las medidas adoptadas en enero de 2014. La situación fiscal era crítica y había que actuar. Cuando un período fiscal cierra con déficit de más del 7% del PIB y el pago de servicio de la deuda pública representa la tercera parte del presupuesto nacional, es hora de tomar acciones urgentes.
Sin embargo, un incremento abrupto en las tasas impositivas, sumado a la reducción de algunos de los servicios públicos prioritarios y un manejo inadecuado de los agregados monetarios, mantiene a la inversión extranjera alejada, lo que impide el desarrollo de las empresas y por ende, la generación de nuevos puestos de trabajo.
Todo ello se traduce en más pobreza, violencia y deterioro institucional, lastres que los hondureños venimos arrastrando desde hace mucho y que no podemos seguirnos permitiendo.
De ahí la necesidad de pensar en el largo plazo y ser consecuentes con ello. El tiempo adecuado para aplicar reformas estructurales, la mesura y rigurosidad de las medidas de política y sobre todo, la participación ciudadana son cruciales si se quiere tener éxito.
Pero la puntada final la da siempre la generación de confianza ciudadana y esto solo se logra cuando las autoridades interactúan entre sí usando el poder de manera responsable.
El respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la transparencia y eficiencia en la administración pública y el balance de poderes, atraen inversión privada y por lo tanto mejoran el bienestar de la gente. Es hacia allí donde debemos dirigirnos una vez conseguido el equilibrio macroeconómico.
Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH y exministro de Planificación y Cooperación Externa.