Un total de 200 expedientes de policías que están siendo investigados porque supuestamente se enriquecieron ilícitamente, serán enviados a la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, para que sus integrantes ejecuten las acciones pertinentes que conforme a ley corresponden.
Autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), explicaron que realizan investigaciones encaminadas a determinar si la cantidad de agentes –de todas las escalas, pero en su mayoría de las altas jerarquías– se convirtieron en “millonarios”.
Muchos de los casos que están siendo investigados, han comenzado a raíz de denuncias presentadas ante el ente depurador, que por los momentos se encuentra en un periodo de “receso”, porque la Comisión Especial, realiza el proceso de profilaxis, luego de la aprobación del decreto legislativo 266-2013 el pasado 11 de abril del presente año.
En muchos de los casos, los policías tienen invertidos sus dineros en propiedades, empresas o negocios de todo tipo, pero mayormente en transporte y otros.
Las investigaciones están encaminadas por parte de la Dirección, no solo detectar si se ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito, sino también lavado de activos por parte de los agentes del orden.
Sin embargo, para el comisionado depurador, Omar Rivera es necesario que la Dirección priorice los casos, es decir que identifique los más emblemáticos y trabaje en ellos para entregarlos a los entes correspondientes para que se realicen las investigaciones y se concluya en una acción penal.
En casi cuatro años de gestión, la DIECP ha logrado remitir 29 expedientes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente encargado de hacer las investigaciones patrimoniales, seis de ellos que ya llevan una investigación por lavado de activos y han sido enviados en conjunto al Ministerio Público (MP).
De esos 29, sólo cinco han sido concluidos por el Tribunal, pero solo dos tienen indicios de responsabilidad penal, mientras que cinco más ya se les abrieron investigación.
A raíz de ese lento proceso investigativo que conlleva indagaciones complicadas, es que Rivera considera necesario la priorización de los casos.
El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), propuso que el Congreso Nacional proceda a revisar el marco jurídico e institucional que aplica a la persecución del delito de enriquecimiento ilícito, ya que el mismo no puede seguir siendo monopolizado por el TSC.
“Es urgente que los diputados tomen decisiones relacionadas a darle un rol más protagónico al MP, en la persecución del delito penal de enriquecimiento ilícito; es ilógico que los fiscales tengan que esperar que un informe de enriquecimiento ilícito de un funcionario gubernamental esté finalizado, para que puedan ejercer la acción penal” indicó el miembro de la Comisión Especial.
Se estima que en los 29 expedientes existe una incongruencia patrimonial de 363 millones de lempiras.