Por Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®
Seguimos tropezando en las piedras, que maliciosamente se colocan a hurtadillas por el sectarismo político cavernario, para impedir que nuestra Honduras transite por la senda democrática. A los flancos, ocultos entre las sombras de su propia existencia, los politiqueros apuntan sus cerbatanas, cargadas con dardos envenenados por una ambición enfermiza de poder; y soplan y soplan, casi hasta explotar, lanzando los proyectiles fabricados en las cuevas donde se cuece la fórmula del continuismo. ¿Caerá la democracia?
¡Vivir en democracia!, parece ser una aspiración frustrada del pueblo hondureño, hoy y a futuro. Las lecciones que nos deja la última década de ejercicio democrático, nos revelan que la gestión eficiente del Estado ha pasado a un segundo plano, que el afianzamiento y continuidad en el poder se ubican como primera prioridad; consecuentemente, la persona como fin supremo y el bien común como aspiración, están de último.
La gravedad de la situación está signada por la reiterada construcción de plataformas antijurídicas, argumentaciones y premisas falsas, discurso demagógico, propaganda y desinformación para validar la reelección presidencial. Creando así una conciencia colectiva que va perdiendo su racionalidad, el sentido de la lógica, la moralidad y el criterio de ciudadanía.
Así, la fiebre del continuismo, obnubila a los impulsores, entusiasma a los seguidores, aproxima a los simpatizantes, inmoviliza a los indiferentes e indigna a los constitucionalistas. De estos últimos, la democracia clama su rescate.
Después de múltiples fracturas causadas a nuestro sistema democrático, se presentan en el escenario político, como principales actores reeleccionistas el expresidente Zelaya Rosales y las estructuras del partido en el poder, que promueven al Presidente de la República Hernández Alvarado; ambos han coincidido en el mismo objetivo político, empleando diferentes estrategias pero convergiendo en sus particulares intereses.
Esos dos frentes representan inconstitucionalidad, de hecho son letales para la gobernabilidad democrática. Lo insólito, tienen a favor casi dos tercios del electorado nacional, lo trágico, se enfrentan a una oposición desarticulada, lo lamentable, una tímida respuesta ciudadana, lo riesgoso, que lo ilegal se torne políticamente viable, que la política vuelva practicable lo que la ley prohíbe.
En medio de ese fuego cruzado, potenciado por intereses aviesos compartidos, está la democracia; si esta ya acusa un deterioro progresivo, ante el impacto de la amenaza contra la institucionalidad que levemente la sostiene, podría postrarse. Para los patriotas, tienen ante sí un gran desafío.
La ceguera del poder hace que se anule la luz de la razón y la verdad; en línea con ello, señalaremos a guisa de reflexión algunas premisas consideradas irrefutables.
No existe el estado de inconstitucionalidad en la Constitución.
La Sala de lo Constitucional, solo tiene facultades para conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes derivadas de la Constitución.
Los derechos no son absolutos, el marco jurídico de cada estado soberano, establece los alcances y los límites.
Los fallos de la Sala de lo Constitucional, no implican la derogación de artículos irreformables, tales como el 4 Y 374 de la Carta Magna.
La facultad para reformar la Constitución, le corresponde al Congreso Nacional, se exceptúan los artículos denominados “pétreos”.
La derogación o reforma de los artículos “pétreos”, es facultad de una Asamblea Nacional Constituyente.
La instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, obedece a la voluntad soberana del pueblo, expresada mediante el plebiscito, punto de partida de un proceso para viabilizar la reelección presidencial. Esta es la ruta democrática.
La facultad soberana del pueblo es indelegable, quien la suplante es un usurpador; si fuese un representante el que lo hiciere, violaría su propio juramento y caería en desobediencia a ese pueblo que lo eligió.
Pregúntese el amable lector: ¿Son congruentes las actuaciones de los representantes del pueblo en los poderes del Estado, con esas afirmaciones?, ¿Se puede reglamentar en el Congreso Nacional una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que es inconstitucional?, ¿puede una ley secundaria estar por encima de la Constitución?, ¿puede haber reelección presidencial, si aún están vigentes los artículos que la prohíben en nuestra Constitución?
Los dos frentes continuistas tienen desplegadas sus fuerzas, hacen sus pruebas de fuego y tienen identificado el objetivo, por ahora parece posible alcanzarlo; no obstante, el despertar democrático del pueblo puede revertir el potencial resultado.
Siempre los imponderables han definido a favor el final de las grandes contiendas, en este caso, el nuevo frente compuesto por la ciudadanía constitucionalista, portaría como estandarte la firme voluntad de defender la carta magna, la República, el estado de derecho y la aspiración de vivir en democracia. Valores irrenunciables, que están muy por encima de las intenciones perversas que colman las conciencias de los trastornados por el poder.
Honduras se hunde… ¡rescatémosla!