Autoridades del gobierno hondureño afirmaron hoy que los proyectos de las Alianzas Público-Privadas (APP), generan inversiones por más de 1,600 millones de dólares, a cambio del sacrificio de algunas exenciones fiscales.
Al mismo tiempo, niegan que el proceso de concesiones, a cargo de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (APP), fomente las condiciones para convertir al país en “paraíso fiscal”, en alusión a estudios de organizaciones que así lo señalan.
Del 2011 a la fecha, Coalianza ha otorgado proyectos por alrededor de 1,600 millones de dólares, más del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que estándares del Banco Mundial (BM) fijan un máximo del cinco por ciento para evitar contingencias fiscales.
El primer proyecto fue la administración de la carretera que comunica a Tegucigalpa y San Pedro Sula, concesionada a 30 años plazo a un consorcio ecuatoriano, luego de haber sido construida por la Cuenta Desafío del Milenio, más endeudamiento con bancos de desarrollo.
Según el superintendente de Proyectos y Concesiones para las APP, Carlos Pineda, los proyectos “son inversión privada que entra al país en infraestructura y la prestación de servicios”. Además, que al terminar los tiempos de concesión, que van de 20 a 40 años promedio, las obras regresan “al Estado y vienen en beneficio de todos los hondureños”, amplió, al tiempo de aseverar que los proyectos otorgados hasta el 2014, pagan impuestos y demás cargas fiscales.
TELA DE JUICIO
Lo anterior, contrasta con afirmaciones de entes como el Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), que considera como un “paraíso fiscal” al país, con el otorgamiento de exenciones a proyectos APP. En relación a los proyectos otorgados del 2014 a la fecha, Pineda explicó que “se han otorgado algunas exoneraciones, pero no conozco los alcances, porque son contratos recientes que todavía nos estamos empapando”.
Un informe reciente del BM, llamado “Los Siete Pecados Capitales de las APP”, pone en tela de juicio los beneficios de las concesiones que funcionan cuando existe transparencia antes, durante y después del otorgamiento. Como primer punto, el informe señala que uno de los desaciertos más comunes que se pueden ver en América Latina en cuanto a las APP, es que se proporcionan excesivas garantías gubernamentales y aparecen conflictos de intereses entre los concesionarios.
Un documento publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), en el 2013, llamado “Exenciones Fiscales”, muestra que del 2006 al 2011, antes que entrarán las APP, el gasto fiscal en exoneraciones sumó más de 59 mil 109 millones 873 lempiras con seis centavos, más de 2,500 millones de dólares al cambio actual. El estudio encontró que el mayor porcentaje se da en exoneraciones aduaneras, alcanzando un 35 por ciento durante el periodo analizado. (JB).
