Carta de Activación de la Carta Democrática de la OEA, presentado por Luis Almagro el 30 de mayo de 2016 al Embajador Juan José Arcuri, Embajador de Argentina y Presidente del Consejo Permanente, en la que solicita convocar a un Consejo Permanente Extraordinario urgente, entre el 10 y el 20 de junio.
“En la situación actual que vive Venezuela, luego del análisis de los hechos realizado, no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales”, escribió Almagro en su informe de 132 páginas.
Parte de la premisa de que es urgente tomar acciones para normalizar la institucionalidad democrática en Venezuela: La alteración del orden constitucional ha producido la grave alteración del orden democrático, está distribuido en 12 capítulos, que se sintetizan.
- Defensa Internacional de la Democracia:
Realiza un resumen por la historia de la OEA, desde que fue fundada en 1948 hasta la actualidad. Destaca los dos propósitos fundamentales del organismo: Defensa de la Democracia y de los Derechos Humanos.
Tiene especial interés la recapitulación de los contenidos de los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática, porque son los que se contrastarían con respecto a la situación de Venezuela.
El artículo 3 dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
El artículo 4 dice: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
El Secretario General Almagro señala hacia el final del capítulo, que su cargo le obliga a la defensa de los preceptos señalados: “Es por eso que como Secretario General de la OEA soy Gobierno y soy oposición”.
- Alteración grave del orden democrático:
Básicamente se ocupa de fundamentar los criterios según los cuales se produce la Alteración grave del orden democrático. La idea central es “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales”.
III. Ética en la política:
La obligación de intervenir (Almagro76 cita a Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor); reivindica las conductas deseables de la gestión política; recuerda las relaciones entre ética y correcto funcionamiento de las instituciones. A continuación entra en la situación venezolana: “En Venezuela se perdió la finalidad de la política” (…..) “El político inmoral es aquel que pierde esta visión porque lo único que le interesa es mantenerse en el poder, a costa de la voluntad de la mayoría”.
- Situación humanitaria:
Éste capítulo que recopila, varios datos, tanto oficiales como generados por entidades independientes del estado de sucesos en Venezuela. Advierte en más de una ocasión, sobre una de las problemáticas, que es reflejo del estado y de la institucionalidad: la ausencia de cifras oficiales, que tienen consecuencias, por ejemplo, en el ámbito de la salud, para la gestión preventiva de las enfermedades más recurrentes. Contiene uno de los aspectos más relevantes del documento: una caracterización definida como CONCURRENCIA SIMULTÁNEA DE MÚLTIPLES CRISIS. A partir de allí describe con detalle, las situaciones de: El sistema de salud; La situación alimentaria y nutricional; El acceso a los servicios de agua y electricidad; La seguridad ciudadana.
A lo largo de varias páginas, consigna datos de los padecimientos de la población Venezolana. La preocupación del Secretario Almagro por la plena validez y legitimidad de su petición, queda revelada en que hace uso de cifras, publicadas en mayo. A partir de los pronósticos del FMI para el 2016 (caída del PIB en 8%; inflación de 700%; déficit fiscal de 17% del PIB; y deuda externa de 130 mil millones de dólares), expone los datos que hacen patente las condiciones de precariedad. Entre los que menciona: Escasez de equipos médicos y medicamentos: 80%; Población afectada por la malnutrición: 85,3%; Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a dos fuentes: 73 y 90; El fenómeno de las grandes bandas delictivas que controlan porciones del territorio; Afectados por el zika: 400 mil personas; Número de afectados por la malaria en 2015: 130 mil personas; De nueve quirófanos del Hospital J.M. De Los Ríos, apenas funcionan dos; La obligación de los pacientes de los hospitales públicos, de llevar todos los implementos, desde papel higiénico hasta jeringas, para ser atendidos.
A todo ello hay que agregar el deterioro del acceso a los servicios médicos; el derrumbe de Barrio Adentro; el déficit de personal médico y paramédico; el colapso de los servicios privados de salud; la caída del abastecimiento de medicamentos; los 6 mil millones de dólares que el Estado debe a los importadores de medicamentos; algunas tasas de desabastecimiento de medicamentos y de insumos que llegan a 91% y 95%; la recurrente ausencia de medicamentos para personas afectadas por VIH, que suman más de 61 mil personas. En las páginas 24 y 25 se incluyó un cuadro con indicadores de salud, que sugieren la posibilidad de un posible empeoramiento de la situación. Alarmante es el dato del crecimiento del ausentismo escolar, producto del florecimiento de la práctica del bachaqueo
(intercambio de productos comerciales), al que se dedican familias enteras: aumentó de 12 a 18% en las últimas semanas. Para cerrar se añade lo siguiente: 25% de la población hace menos de tres comidas diarias.
- Indicadores de corrupción:
La carta cita la estimación hecha por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que cifra en 69 mil millones de dólares, el monto total de las operaciones que esa entidad está investigando en la actualidad. Además de lo anterior, ordena una serie de datos provenientes de estudios de opinión, que muestran que la percepción de que Venezuela tiene un gobierno corrupto, viene creciendo en los últimos meses.
- Contradicción entre Democracia y presos políticos:
Se denuncia la existencia de presos políticos, de procesos legales que no cumplen con el debido proceso, la criminalización de las protestas. Se cita un documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del 2009, donde ya se exponían casos y se advertía una tendencia por parte del gobierno de Venezuela. El Secretario Almagro recuerda que el régimen acusa de ‘traidor a la patria’ o ‘vende patria’, a quienes les denuncian.
Las cifras incorporadas son de distinto carácter: personas que han sido detenidas por protestar y presos políticos. De acuerdo a un reporte de Alfredo Romero, del pasado 25 de mayo, el número de presos políticos aumentó a 96.
VII. Separación e independencia de los poderes públicos del Estado.
Uno de los capítulos medulares de la carta, que profundiza en el uso del TSJ en contra de la Asamblea Nacional. Se detallan los casos de 17 decisiones del TSJ que son “indicativas de la cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo”, a partir del nombramiento irregular de nuevos magistrados el pasado mes de diciembre. Algunas de las decisiones referidas, como la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, las declaratorias de los Estados de Excepción y Emergencia Económica, la Ley de Amnistía y Reconciliación, La declaratoria de la Retroactividad de las Enmiendas Constitucionales, y la Reforma del Reglamento de Debates de la AN, se analizan con mayor profundidad. La página 63 sintetiza en 7 puntos las prácticas que demuestran la no independencia de los poderes públicos.
VIII. Democracia y poder judicial
Cita pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Comenta el papel que han tenido en la persecución a disidentes del régimen, fiscales y jueves provisorios. Un aspecto central del capítulo es la designación de Magistrados del TSJ, a finales del 2015. Es, en relación a este tema, que Almagro argumenta la necesidad de que el Consejo Permanente de la OEA escuche el testimonio de Henry Ramos Allup, Presidente de la AN.
- Celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo:
Referendo revocatorio se inicia con una revisión de los antecedentes referidos al proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 (de algún modo, esta sección es una reelaboración de la carta que Almagro enviara a Tibisay Lucena, en noviembre de 2015). Este preámbulo le sirve a Almagro para entrar de lleno en la cuestión del referéndum revocatorio, y que constituye la tesis central de su carta: EN UN ESCENARIO CONFLICTIVO Y POLARIZADO, DE CRISIS MÚLTIPLE, NO HAY OTRA SOLUCIÓN QUE LA DE CONSULTAR AL PUEBLO, ES DECIR, CONVOCAR EL REFERENDUM REVOCATORIO SIN MÁS DEMORAS. El Secretario Almagro también analiza la cuestión del marco legal y de todo el procedimiento, para señalar que los nuevos requisitos creados por el CNE están fuera de la normativa.
- Situación de Derechos Civiles y Políticos:
Libertad de Expresión y Prensa. A la crisis humanitaria, viene a sumarse una “disfuncionalidad” en el goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y de la libertad de expresión y prensa, de acuerdo al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y la Relatoría sobre libertad de expresión. Se refieren documentos previos que denuncian la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia. Se recapitulan los casos de acciones en contra de personas y de medios de comunicación, los mecanismos de censura indirecta, los casos de los diarios El Universal y Últimas Noticias, así como la negación sistemática de sus derechos a los presos políticos. Se incluyen secciones al “Hostigamiento y discurso estigmatizador” y a “Represión y criminalización de la protesta social” e “Incumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la CIDH”.
Resulta notoria la recapitulación de una medida tomada por el TSJ en 2010, que establece requisitos para solicitar información a los organismos públicos, y prohíbe publicar información sobre (1) Derrames de petróleo; (2) Planes de prevención y atención de violencia contra la mujer; (3) Montos de la inversión en publicidad por parte de organismos gubernamentales; (4) Importación, almacenaje y distribución de medicamentos; (5) Tasas de criminalidad; (6) Bloqueos a servicios de internet; (7) Tasa de inflación no oficial.
- Resumen de la intervención de la Sra. Ministra del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delsy Rodríguez Gómez:
En la misma se formulan acusaciones en contra del “Imperio”, las corporaciones y otros agentes enemigos de la Revolución Bolivariana, que tienen como objetivo el derrocamiento del gobierno. En defensa del gobierno, señala que el desabastecimiento es una falsedad y que no hay crisis humanitaria: todo ello no es más que una campaña mediática en la que intervienen distintos actores.
XII. Conclusiones
“En la situación actual que vive Venezuela, luego del análisis que hemos realizado, no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales o subregionales. Nos expresamos de manera clara contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller”. Dicho lo anterior, el documento propone un conjunto mínimo de recomendaciones. Estas son:
1- El Referéndum Revocatorio debe realizarse en 2016. De ello depende la democracia en Venezuela.
2- Liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas.
3- Llamamos al Ejecutivo y al Legislativo resolver conjuntamente de manera inmediata la situación de vulneración de derechos básicos de la población, como acceso a alimentos y servicios de salud.
4- Exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a trabajar conjuntamente a fin de dar cumplimiento a la obligación del Estado de brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos.
5- Exhortamos al Ejecutivo a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos constitucionales y políticos respecto al equilibrio de poderes del Estado, incluido detener el ejercicio de bloqueo permanente de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
6- Solicitamos una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia TSJ a través de un trabajo conjunto del Ejecutivo y el legislativo.
7- Exhortamos la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción integrado por expertos internacionales independientes apoyados en el sistema de ONU y/u OEA.
8- Exhortamos a incorporar a la Comisión de la Verdad el apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.