Entre 11 años y tres meses a 20 años de prisión podría ser la sentencia condenatoria para la expalillona, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, en los casos que ella aceptara someterse a un procedimiento abreviado o se fuera a un juicio oral o público por el delito de lavado de activos que le imputa el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Consultadas sobre el particular, fuentes del Ministerio Público explicaron a este rotativo que ellos están abiertos a aceptar el accionar en un procedimiento abreviado de parte de los acusados para lograr una sentencia condenatoria más rápida, en un proceso que tardaría un aproximado de tres meses.
El artículo 403 del Código Procesal Penal, sobre los procedimientos especiales establecen cuatro puntos bajo los cuales se puede permitir un procedimiento abreviado.
Entre ellos, “que la solicitud se formule en la audiencia inicial o en cualquier otro momento, antes de que se emita el auto de apertura a juicio; que el imputado, en la correspondiente solicitud, admita incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con la aplicación del mencionado procedimiento; que el defensor dé fe que el imputado ha sido debidamente instruido sobre el sentido y alcances”.
VERACIDAD DE CONFESIÓN
Además, se deberá comprobar la veracidad de la confesión hecha por el imputado; que no se pretenda desfigurar los hechos o transformar el delito en uno menos grave y que no trate de sustituir al verdadero culpable.
En las últimas horas, el abogado privado de Molina Aguirre, Héctor Durán, indicó que su defendida tomará la determinación de aceptar o no los cargos y que si los admite será sometida a un procedimiento abreviado.
“El Código Procesal Penal establece que se puede solicitar la aplicación de la figura de un procedimiento abreviado hasta antes del auto de apertura a juicio, es decir antes de la audiencia preliminar, por lo que tendríamos tiempo para analizar esta situación”, explicó.
Si Molina Aguirre admite su culpabilidad por el delito de lavado de activos por un monto de nueve millones 968 mil 197 lempiras, la solicitud será aceptada por el juez de jurisdicción nacional y, posteriormente, se convocará a una audiencia de procedimiento abreviado, a partir de esa fecha habrá un plazo de 20 días y no mayor de 30, contados a partir de la fecha del auto de admisión.
Molina Aguirre era la representante legal de la empresa Insumos Médicos (Insumedic), mediante la cual se habrían sustraído los 9.9 millones de lempiras de las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por concepto de venta de insumos médicos, unos sobrevalorados y otros que no ingresaron a los inventarios de la entidad.
En esa audiencia, se “oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Público y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta”, indica el artículo 404 del Código Procesal Penal.
Al darse el procedimiento abreviado, la Procuraduría General de la República (PGR), determinará cuál será el monto que deberá imponer para que la encausada pueda resarcir el daño causado.
NEGACIÓN DE ASILO
Molina Aguirre llegó deportada el miércoles pasado al aeropuerto “Ramón Villeda Morales”, de San Pedro Sula, Cortés, del centro de reclusión de migrantes en Houston, Texas, Estados Unidos, en un avión en el que también eran retornados 119 compatriotas que igual fueron detenidos por Migración.
La expalillona se bajó del avión sigilosamente, con su mirada perdida, los agentes de seguridad del Estado, le colocaron las esposas y la trasladaron a la Oficina de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde le leyeron los derechos y, posteriormente, fue trasladada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la colonia San Carlos, en Tegucigalpa.
Posteriormente, fue remitida alrededor de las 9:30 de la noche a los juzgados de La Granja, en Comayagüela, donde pasó la noche, a la espera de la realización de la audiencia inicial, a las 9:00 de la mañana de ayer.
El 30 de mayo pasado, el abogado Durán anunció la llegada de su clienta antes de finalizar junio, luego de ser notificado sobre la negación de asilo que por razones humanitarias solicitó al gobierno de Estados Unidos.
Las autoridades hondureñas giraron una orden de captura contra Molina Aguirre, el 12 de diciembre del 2014, por lo que ella procedió a salir ilegalmente del país con rumbo hacia Estados Unidos, sin embargo al llegar a Nuevo México, el 2 de enero del 2015 fue detenida por las autoridades de Migración de ese país, pero ella logró alargar su estadía al solicitar el asilo humanitario, habiendo interpuesto la petición el 15 de enero.
Extraoficialmente se conoció que la negación de asilo, la tomó el gobierno estadounidense por tratarse de una persona que era buscada por la justicia hondureña por haber cometido el delito de lavado de activos.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos, acreditado en Honduras, James Nealon, manifestó el miércoles, a través de su cuenta de Twitter que: “Lo digo nuevamente: ninguna persona está por encima de la ley.
Cada acusado deberá rendir cuentas y que sea procesado en una corte de ley”.
En la audiencia, el juez con jurisdicción nacional le decretó prisión preventiva y decretó la celebración de la audiencia inicial para el próximo lunes, donde el Ministerio Público (MP), a través de la UNAF, solicitará que le dicten auto de formal procesamiento.
Si el proceso se va a juicio oral y público, Molina Aguirre podría ser condenada hasta 20 años de prisión por el supuesto delito de lavado de activos.