Por Sigfrido A. Sandoval
Miembro del CIMEQH
Hace algunas semanas atrás, publicamos en este medio un artículo que titulamos “British Gas se ha llamado al silencio”. En él, señalábamos nuestra extrañeza ante el hecho de que el señor Andrew Hepburn, gerente para Honduras de BG, apenas ofreció unas parcas declaraciones a uno de los medios nacionales en el mes de febrero de 2015 y a partir de esa fecha, en la que simplemente anunció que BG ya tenía un año de realizar actividades de exploración en el Caribe hondureño, prácticamente no lo volvimos a ver ni a escuchar. Queremos recordar a la opinión pública que de acuerdo con el cronograma de trabajo de BG, sus actividades de exploración se iniciaron en el mes de diciembre de 2013. Es decir, que ya han pasado dos años y seis meses de actividad y la opinión pública no sabe absolutamente nada sobre lo que BG ha hecho y hace en este momento.
Desde ese entonces, en ninguno de los medios, hemos conocido sobre los avances de la exploración petrolera y públicamente no hemos vuelto a escuchar al señor Hepburn proporcionando alguna información oficial sobre los avances del proyecto. Indicábamos, en el artículo mencionado, como obvio, que el pueblo hondureño está interesado y tiene el derecho en conocer en qué fase de sus actividades se encuentra BG, cuáles ya se completaron y, sobre todo, cuáles son los hallazgos si en efecto se ha encontrado alguno.
Considero que la opinión pública plenamente recuerda que en mayo de 2013 el Congreso de la República, mediante Decreto Nº 90-2013, aprobó un contrato de operación con la empresa British Gas International Limited para “La Exploración y Subsiguiente Explotación de Hidrocarburos en Zona Marítima de la República de Honduras”.
En realidad no somos tan ingenuos como para creer que nuestras inquietudes e interrogantes recibirían alguna respuesta de tan poderosa empresa a un simple ciudadano, miembro de la organización de la intelectualidad técnica más importante del país. La respuesta ha sido el completo silencio, ignorando que con esa actitud irrespetan en realidad a toda la opinión pública deseosa de conocer los avances o problemas del proyecto. Sí reconocemos que ingenuamente pensamos que el llamado “Comité de Administración”, compuesto por dos representantes titulares y dos alternos por parte del Estado y por el mismo número de personas por parte de BG, daría alguna información en aras al respeto a la Ley de Transparencia. Este comité –que formalmente, tiene la responsabilidad de inspeccionar, supervisar y fiscalizar las operaciones llevadas a cabo por BG– también se llamó al silencio.
Ahora bien, pasemos a la fase de las interrogantes y preguntémonos qué está pasando: ¿A qué se debe ese extraño silencio sobre un proyecto que en su momento se anunció con ruidosos bombos y platillos? Siendo claros y sin pretender jugar con la verdad tenemos que señalar que ya es noticia que BG ha sido comprada por la poderosa petrolera británico-holandesa Royal Dutch Shell. En consecuencia, consideramos que es fácil suponer que nuevos dueños podría significar también nuevas visiones y estrategias sobre el futuro inmediato del proyecto. ¿Será que la Shell está considerando la paralización de la exploración en Honduras en virtud del actual desplome de los precios del crudo en el mercado internacional? ¿Es esta suposición descabellada? Tomando en cuenta ciertas realidades, consideramos que tal posibilidad podría ser una realidad ya que sabemos, por la prensa internacional, que la Shell abandonó un proyecto, junto a Qatar Petroleum, para construir una de las mayores plantas petroquímicas del mundo por 6,500 millones de dólares. Además, la firma redujo los salarios de sus contratistas y trabajadores en el mar del Norte y en el sureste asiático. La Shell junto con la British Petroleum anunció despidos de miles de trabajadores y recortes por unos US$ 40,000 millones de dólares.
Si esta es la realidad que enfrentamos y no se nos quiere informar, y he aquí el porqué del inexplicable silencio tanto de BG como del gobierno, consideramos que este último o el Congreso Nacional tendrían que tomar cartas en el asunto aplicando aquellas cláusulas del contrato relacionadas con la extinción del contrato de operación por cualquier causa. Además de que toda la información técnica obtenida por BG debe pasar a manos del Estado, la Cláusula 26 señala que “El contratista entregará en propiedad del Estado, a través de SERNA, sin costo alguno, las tierras, obras, instalaciones, accesorios y equipos de carácter permanente adquiridos con destino al objeto del contrato…”.
Esperamos que en esta ocasión, sí tengamos alguna respuesta formal que confirme o rechace nuestras presunciones y se nos informe sobre la real situación del proyecto de exploración petrolera.