Por: José Rolando Sarmiento Rosales
De unos 540 millones de lempiras anuales es el impacto presupuestario anual al complementarse el próximo año 2017, el incremento de 1,800 lempiras otorgado por el gobierno de la República, a los 25 mil empleados públicos que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil, por el momento con los primeros 800 lempiras asciende a la cantidad mensual de 20 millones, al llegar a los 1,800 lempiras se pagarán mensualmente en planillas 45 millones, así que entendemos la derivación que se ha hecho para lo que falta del presente año y el próximo 2017, a fin de alimentar la partida presupuestaria correspondiente, para poder cubrir el gasto que implica el incremento salarial aprobado en las negociaciones de las secretarías de Trabajo, Finanzas y la Dirección de Servicio Civil, con los representantes de las distintas organizaciones sindicales y Asociación de Empleados Públicos del gobierno de Honduras, enormes cantidades millonarias que surgirán de los ingresos que se obtienen en su mayoría de los impuestos que pagamos los contribuyentes del país.
Esperamos que exista una respuesta positiva de la masa laboral de las distintas entidades estatales, en cuanto a los servicios y atenciones que prestan a la ciudadanía hondureña, a lo largo y ancho del país, cumpliendo a cabalidad con sus deberes y obligaciones del cargo que desempeñan, con eficiencia, responsabilidad y amabilidad, en el principio de que cada hondureño es su patrón, su verdadero empleador, que con sus contribuciones va conformando los fondos que ingresan al Tesoro Nacional, de los cuales se cumplimentan las partidas de sueldos y salarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, con los cuales se les paga sus emolumentos a los miles de empleados públicos, de los diferentes entes estatales centralizados.
Nadie se opone a tales incrementos, porque entendemos que el costo de vida se encarece cada año, lo que hace razonable las aspiraciones de lograr un mejor ingreso, que en verdad no se les había concedido desde hace varios años, imposibilitando incrementos salariales generalizados, porque el déficit fiscal se había elevado peligrosamente en las arcas del Estado, entre otras razones porque muchos evaden el pago de sus impuestos y contribuciones, dado que no existía un verdadero control de la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos, que se había burocratizado, se había llenado de personal innecesario, al igual que el resto de los demás entes públicos.
Así que con el pago de estas elevadas planillas mensuales, quedaba muy poco para las demás obligaciones gubernamentales, en cuanto a salud, educación, obras y servicios públicos, carreteras en favor del pueblo hondureño, de los más desposeídos, a tal extremo que el deterioro por falta de inversiones en mantenimiento, ampliación y modernización, se veía crecer aceleradamente en centros educativos, hospitales, centros de salud, edificios públicos, carreteras semidestruidas, puentes caídos sin rehabilitarse, a tal extremo que en algunas zonas del país, aún existen puentes provisionales desde la época del Huracán Mitch.
Por esas razones el gobierno de Honduras había entrado en una etapa de inelegibilidad ante los organismos de financiamiento internacional, que le impedía negociar y obtener préstamos necesarios para construcción, reparación, mantenimiento, ampliación y modernización de obras viales, aeropuertos, instalaciones portuarias, viéndose obligado a someterse a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, para recuperar e incrementar los ingresos, eficientar las recaudaciones, que con el reordenamiento aplicado se ha ido posibilitando, con una base de datos ampliada de contribuyentes personales y de negocios, superando poco a poco el déficit fiscal, que ojalá no se vuelva a desequilibrar con más gasto público, con empleados deficientes, supernumerarios y hasta paracaidistas, que seguramente todavía quedan en el gobierno de la República.
Tales compromisos asumidos con las sucesivas misiones de observación del FMI, han dado lugar inclusive a la desaparición de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, cancelándose centenares de empleados, que al parecer a todos los niveles no desarrollaban sus labores de recaudación de ingresos fiscales y aduaneros de manera eficiente, de lo que depende precisamente el financiamiento del Presupuesto General de la República, sumado a los manejos improvisados y hasta arbitrarios en las secretarías de Estado, que muchas veces sobrepasan las capacidades de las partidas trimestrales asignadas para cada rubro de la administración, a tal extremo que ya en el segundo semestre del año se han quedado sin los fondos asignados, corriendo el peligro de no poder pagar los compromisos asumidos en adquisiciones, contratos de obras, proyectos y programas del Plan Anual de Operaciones, a veces sin capacidad para el pago de sueldos y decimotercero mes del año, pese a la prohibición de excederse en el gasto.
Es exigible que los empleados públicos contribuyan cumpliendo sus deberes a cabalidad, con eficiencia, para que la ciudadanía los aprecie y apoye en sus legítimas aspiraciones de mejoramiento y estabilidad en sus empleos.
