EL CONFLICTO UNIVERSITARIO

POCAS veces como ahora, la autoridad de la universidad pública ha tenido tanto apoyo de las instancias gubernamentales, para sacar adelante su cometido. Desde la aprobación de leyes y reformas en períodos pasados que posibilitaron la conformación de un Consejo transitorio con el fin de impulsar la reforma universitaria –algo que no es novedad del momento sino un proceso que se ha venido desarrollando en etapas durante distintas gestiones– hasta la elección de la rectora, como de las demás autoridades que la acompañan, incluida su reelección en reconocimiento a una buena labor realizada. Tanto júbilo oficial hubo por el orden impuesto que le traspasaron un hospital para que lo administrara, incluida la obligación del gobierno de sostenerlo y financiarlo. Hasta donde se sabe, el Estado ha cumplido religiosamente con las transferencias presupuestarias a la UNAH, lo que ha permitido la construcción de lucidas instalaciones físicas –complejos polideportivos– como de contar con suficientes recursos para otros cambios estructurales y formativos aparte de los cosméticos. (No sabríamos decir qué tanto ha incidido en mejorar la calidad educativa, pero han jubilado a centenares de viejos catedráticos).

Nadie discute la bondad de contar con criterios independientes en una sociedad asediada por puyas interesadas. Que la rectora opine sobre otros asuntos de la problemática nacional, a veces criticando las acciones públicas, otras legitimando hechos por ese vacío de confianza que atormenta las instituciones oficiales. No se puede despreciar la luz de voces objetivas en medio del desconcierto. Siempre que haya cuidado de no meter la cuchara demasiado en cosas ajenas a la competencia, y ni lo quiera la Virgen, caer en la tentación de acaparamiento. Dicho lo anterior. En escaramuzas previas que desafiaban la paz interna –del sindicato y de otros grupos inconformes, incluso durante las frustradas elecciones de los frentes estudiantiles que acabaron sin que los muchachos tuvieran legítima representación; en las efímeras tomas de los edificios y posteriormente cuando bandos políticos radicales se enfrentaron en choques violentos con los uniformados– es innegable que la autoridad universitaria contó con el auxilio de la Fiscalía, los juzgados, la Policía, el Ejecutivo, el Congreso, para abortar los amagos. (Gran parte de la sociedad valora que impere la serena normalidad contrario a la anarquía). Ahora bien, ¿qué pudo haber sucedido de allá para acá, que haya trastornado el ambiente? Obviamente que en la medida que se postergan los malestares, se chinean los problemas y no se producen los espacios civilizados para debatir y resolverlos en armonía, el fermento desatendido que queda hace ebullición.

Como decíamos ayer: Si bien la participación de instigadores en las revueltas empaña una causa, no descalifica del todo el malestar de otros colectivos de alumnos y catedráticos, que aceptan los más altos requisitos académicos impuestos por la autoridad, pero exigen la inversión en tecnología, en laboratorios, en equipos para facilitar la investigación, como en mejoras sustanciales al contenido curricular y a la calidad educativa. Dudamos que sea aspiración de los jóvenes pasar la parte formativa de sus vidas como figuras grises. O que alguien sienta conformismo en la mediocridad. Las oportunidades, generalmente, se ofrecen a los que se distinguen. Nadie está impedido de destacar en aquello para lo que tenga vocación, si además le pone empeño. Solo es preciso desencadenar la aptitud que cada cual trae en su propia naturaleza. Ese es el desafío imperioso que nace de este conflicto. Si tarde o temprano, no arreglan los desacuerdos, el riesgo es que se alcance un declive sin retorno. Aquí las cosas no se enfrentan hasta que hacen crisis. Y cuando acaban no es que se corrijan tampoco. Hemos procurado ofrecer orientación lo más equilibrada posible. Esperemos que algo de lo dicho sirva de reflexión y, si no es pedir demasiado, para la rectificación consecuente.