El gobierno de los Estados Unidos investiga las alegaciones de la existencia de una lista negra de activistas circulaba en las unidades de las fuerzas especiales de los militares hondureños con instrucciones de eliminar los blancos, incluyendo Berta Cáceres, la celebrada activista ambientalista quien posteriormente fue asesinada en su casa.
Los oficiales norteamericanos han estado en contacto con sus contrapartes en el gobierno Hondureño, tanto como con individuos y grupos que monitorean los derechos humanos en el país para investigar las alegaciones de la lista negra, que fueron reportadas primero por The Guardian.
El embajador de los Estados Unidos en Honduras, James Nealon, dijo a The Guardian: “nosotros tomamos las alegaciones de abusos de los derechos humanos con extrema seriedad. Siempre tomamos acción inmediata para asegurar la seguridad de personas, donde hay una amenaza creíble”.
El Departamento de Estado revisa las alegaciones que surgen cuando un grupo de prominentes miembros del congreso renueva su llamado a la administración del presidente Obama de suspender toda la ayuda a las unidades militares y la Policía hondureña.
Escribiendo en The Guardian, los representantes, dirigidos por Hank Johnson, de Georgia, y John Conyer, de Michigan, sostienen que el historial de derechos humanos del gobierno de Honduras es tan lamentable que allí no debería haber financiamiento de cualquier agencia de Estados Unidos.
“Mientras el financiamiento de Estados Unidos para las fuerzas de seguridad hondureñas continúen, sin demandar justicia para aquellos amenazados, torturados y asesinados, tenemos sangre en nuestras manos. Es hora que suspender toda la ayuda para la policía y los militares en Honduras,” escribieron ellos.
Los autores son prominentes patrocinadores de los derechos humanos de Berta Cáceres en Honduras, que fue presentado a la Cámara de Representantes el mes pasado, para pedir la suspensión de la ayuda a la espera de una investigación completa sobre la muerte de la activista y otros abusos.
El asesinato de Cáceres el 2 de marzo despertó la ira internacional. El mes pasado The Guardian reportó que un exmiembro de la unidad de elite de fuerzas especiales Hondureñas, había visto los nombres y fotografías de docenas de personas -incluyendo Cáceres y otros conocidos activistas- en la lista negra que circulaba dentro de su unidad. La fuente pidió ser identificada por un seudónimo, Rodrigo Cruz, por miedo a represalias.
Las alegaciones de Cruz coinciden con las advertencias dadas por la misma Cáceres en 2013 a al-Jazeera: “El ejército tiene una lista negra de 18 defensores de los derechos humanos con mi nombre encabezándola.”
Honduras es considerada uno de los países más peligros para activistas en el mundo. A inicios de esta semana, el cuerpo de Lesbia Janeth Urquía – una compañera y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh) fue descubierto en un vertedero de basura.
Sin embargo, oficiales norteamericanos dicen que contactos de alto nivel con el gobierno hondureños y grupos de derechos humanos aún no tiene ninguna evidencia de la lista negra. Ellos agregaron que continúan dando seguimiento al asunto muy de cerca.
El Departamento de Estado insiste que se mantienen apegados a la carta y al espíritu de la ley Leahy, la primera legislación en práctica en 1997 que prohíbe al Departamento de Estado y el Departamento de Defensa el apoyo a las unidades militares extranjeras encargadas de violaciones de derechos humanos.
La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emplea personal con arreglo a la ley Leahy que veta a todas las personas o unidades destinadas a la formación posible, de oficiales acusados de graves abusos.
«No somos formadores y facilitadores de escuadrones de la muerte”, dijo Nealon. «Estamos justo en lo contrario. Estamos trabajando duro para fortalecer los sistemas de Honduras para proteger a los defensores de derechos humanos».
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos continúa bajo ataque por mantener una relación demasiado estrecha con las unidades militares hondureñas supuestamente implicadas en violaciones de los derechos humanos.
En su artículo de The Guardian, los cinco miembros del Congreso señalan que los EE UU, ha asignado al menos $18 millones este año para la policía hondureña y los militares, complementado por un préstamo de $ 60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo a la policía, respaldado por los EE UU, esa cifra no incluye los fondos adicionales del Departamento de Defensa, que se estima alcanza un total de $ 200 millones de dólares desde 2010.
Los rumores de una lista negra surgieron por primera vez en Honduras después del golpe militar respaldado en 2009 sobre el asesinato de líderes de oposición y ecologistas, según el líder campesino Vitalino Álvarez. «En cuanto más líderes mueren, se hizo más obvio que se convirtió en una estrategia nacional que requiere de inteligencia militar implementarse,» dijo.
El Guardián no ha visto la supuesta lista negra, pero Cruz dijo que él había visto los nombres en la misma. Esos individuos han sido informados por The Guardian que sus vidas podrían estar en peligro.
Uno de ellos era Álvarez. “Ahora que Bertha ha sido asesinada aparentemente yo encabezo la lista. Desde luego que estoy preocupado. Nadie de los autoridades de Estados Unidos o de Honduras se me ha acercado o intentado hablar conmigo”, dijo él.
The Guardian entrevistó a Cruz varias veces por teléfono y videollamadas en el curso de la historia y se hablaba de la lista negra. La información que proporcionó se comparó con una cronología detallada y hechos documentados por un contacto de confianza por separado. La historia de Cruz, incluyendo detalles sobre su carrera en el ejército, se corroboró con la gente que él y su familia conocen.
(THE GUARDIAN/Traducción libre de Sandra Luz Mole Saybe/
Por: Ed Pilkington y Nina Lakhani)