Por: Juan Ramón Martínez
Por ahí andan recogiendo firmas para un plebiscito, en que se le pregunta al pueblo si la reelección, que no ha sido aprobada, será alterna o indefinida. Pasando por alto que, se hace fuera de tiempo, porque solo sería aplicable en el caso hipotético que lo aprobara el Congreso Nacional, en el subsiguiente proceso electoral. Pero además partiendo de dos consideraciones falsas: la primera es que el Congreso, tácitamente abdicara de su condición de única instancia competente para -mediante los procedimientos que señala la máxima norma-, a favor de la Corte cuya incompetencia para reformar la Constitución, es compartida por todos los juristas con cinco dedos de frente. Y la segunda que, además de esa abdicación, las firmas presentadas llevarán al Congreso a pasar por alto una regla jurídica: que la figura del plebiscito solo es posible por medio de la reglamentación que el alto cuerpo, por razones que no vienen al caso aquí, no legalizado.
Además, la discusión si es continua o indefinida es boba, absolutamente. Si el supuesto es falso, es decir basado en una declaración ambigua gramaticalmente y jurídicamente nula por parte de la Corte Suprema de Justicia -cuya incompetencia para el tema es de conocimiento general- para justificar el plebiscito que, inocentemente impulsan para probar los nervios de la población y los apetitos irracionales de los candidatos de la oposición, el Presidente reelegido, continuará en el poder al concluir sus nuevos cuatro años. Invocando para justificarse, la decisión de la Corte que, por su ambigüedad y mal diseño estructural, está hecha realmente para asegurar -igual que en Nicaragua, de cuya legislación la copiaron literalmente- la reelección indefinida.
Pero además, el plebiscito, plantea problemas de fondo y de doctrina que los promotores no toman en consideración. El primero de ellos es el referido al conflicto de intereses: el gobierno actual, el partido en el poder, entraría en la discusión si se queda o continúa el actual gobernante, durante un período o todos los años, que él quiere en el poder, siendo juez y parte. El segundo conflicto es que, siendo el gobierno parte de la discusión, se convierte en interesado en la obtención de resultados, con lo que se rompe la equidad, característica doctrinal sine qua non del auténtico proceso electoral: la igualdad de los participantes en la competencia comicial. El gobierno tendría todas las de ganar a su favor: dinero público, exposición fácil del candidato, publicidad financiada con los dineros públicos y establecimiento de acuerdos económicos con fuerzas interesadas en la inversión que, considerarían un beneficio seguro, pactar con un gobierno de que tendría el triunfo asegurado porque llega al campo de juego con 20 jugadores y el árbitro pagado.
El sistema electoral es inequitativo e injusto. E incluso su diseño está encuadrado en una ambigüedad debilitante. Por una parte, es ejecutor de acciones electorales y por otra, es juez de la calidad jurídica de las mismas, lo que para cualquiera, es una monstruosidad ética y política. Adicionalmente, su diseño en cuanto a participación, lo coloca al servicio del poder establecido que, en el caso hipotético que JOH se decida por la reelección -cosa que no ha hecho y que incluso algunos anticipan que no hará por razones de principios y por conveniencia de cuidar su mandato como gobernante que busca cambiar al país, cosa que nadie puede dudar- estarían a su servicio para producir resultados poco objetivos, porque no está dirigido por ciudadanos impecables e independientes que, entre la ley y la conveniencia, optarán de manera total y definitiva, por la conveniencia de ser obedientes mayoritariamente al partido en el gobierno. El cual cuenta con el voto de los representantes del Partido Nacional y de la DC, cuya existencia es una fantasía, de difícil comprobación material en los hechos de la vida política nacional.
Con estos juicios, podemos anticipar el conflicto. El acuerdo impúdico de Libre con JOH y la campaña para agigantar los errores de esa máquina diseñada para hacerse daño natural que se llama Nasralla, anticipan que el conflicto de la UNAH es un antecedente de lo que ocurrirá, cuando un pequeño grupo del pueblo sienta que la reelección no le beneficia. Solo bastarán unos cuantos enmascarados para empezar el bochinche. Como siempre ha ocurrido.