¡Realmente que en este país de Alicia suceden cosas extraordinarias! ¡Y es en el campo de la jurisprudencia donde se ven unas cosas… qué carajo no hallo qué pensar! Para muestra dos botones; primer botón: En materia de la reelección presidencial es harto elocuente que no existen los mecanismos legales que amparen la ejecución de este proceso, pero los políticos con sus marrullerías quieren buscarle tres pies al gato teniendo cuatro. Hasta la saciedad se sabe que una magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aclaró que lo que se prohibió fue abolir hablar de la reelección, pero los políticos y sus intereses han tergiversado el asunto con su inflexible posición de que se autorizó darle viento a este asunto. Existe todo un andamiaje legal que analizado desde cualquier perspectiva, se imposibilita concretar esta cuestión que polariza a la comunidad nacional y que lo único que sirve es para satisfacer ambiciones personales o de grupo. Hablan de asambleas constituyentes ¿y para qué? Si ya
Honduras en el pasado ha encontrado con las de 1824, 1831, 1839, 1848, 1865, 1873, 1880, 1894, 1904, 1907, 1957, 1965 y 1981.
Segundo botón y siempre relacionado con la majestad de la ley: aunado a lo anterior en que se buscan intereses oscuros para instrumentalizarla, leo un interesante reportaje titulado: “Oleada de 5,000 reos quedarían en libertad. Homicidas, violadores, narcos y extorsionadores serán beneficiados” (La Tribuna, pág. 90, 8/agosto/2016). ¡Habrase visto semejante barbaridad! Los hondureños estamos caminando hacia atrás gracias a nuestros queridos diputados y queridas diputadas al aprobar el Congreso Nacional una contrarreforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que otorga discrecionalidad a los señores jueces para otorgar medidas sustitutivas para esta clase de delitos así como otros 17 que detalla el diario en la lista que aparece en la página 91.
Huelga afirmar que es harto conocido que una de las problemáticas más sensibles y que crea ámpulas en la vida nacional lo constituye sin lugar a dudas la inseguridad ciudadana. Sabemos que las acciones depredadoras de los extorsionadores han jugado un papel en el cierre de casi 40,000 negocios con fuerte impacto en las recaudaciones fiscales del gobierno. Sabemos también cuál ha sido la actividad del narcotráfico y cómo la prensa hablada, escrita y televisada informa de los grandes palacios y los lujos que estos delincuentes se dan en cualesquier región del país en donde -extrañamente- ninguna autoridad (Alcaldía Municipal, Delegado Militar o de la Policía, etc.) reporta este tipo de construcciones extraordinarias e inéditas y la fuente de su financiamiento, constituyendo una bofetada a la pobreza que impera en estos sectores.
Los congresistas deben saber que el hombre de la calle siempre ha desconfiado del accionar de los operadores de justicia. A sotto voce no confían en la honestidad de muchos jueces y se cree que son influenciables al tilín tilín de las monedas… y la entrega de muchos peces gordos del narcotráfico y de algunos políticos que actualmente esperan condena en los Estados Unidos de América, han sido extraditados precisamente porque aquí en Honduras no existen las debidas y adecuadas garantías para castigarlos con todo el peso de la ley debido a estas falencias que adolece el sistema de justicia nacional.
Es inconcebible que en nuestro país se encuentre una comisión internacional respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para establecer la metodología y los mecanismos orientados a adecentar la justicia y la impunidad en nuestro país y se estén dando este tipo de vergonzosas situaciones que en nada fortalecen la credibilidad de las instituciones que administran la justicia hondureña y afloren factores negativos que distorsionen la paz de nuestra sociedad.
¡No es posible!
César Augusto Bonilla Ochoa
Tegucigalpa, M.D.C.