Por Óscar Lanza Rosales
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La semana anterior ha comparecido en varios medios, el abogado Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para explicar el reciente convenio de colaboración que la MACCIH ha firmado con la Procuraduría General de la República (PGR), para combatir de manera más efectiva la corrupción, lo cual incluye una mayor capacitación a los abogados que trabajan en la defensa de los intereses del Estado, para mejorar sus competencias.
Según Jiménez Mayor, con esta iniciativa, Honduras se inserta con una política de Estado contra la corrupción, que consiste en identificar las fortalezas y debilidades institucionales y adecuar el trabajo de los procuradores, fiscales, jueces y policías, para cumplir con ese propósito.
En el caso de la PGR, la idea es que esta institución ya no se mantenga neutral frente a la corrupción, sino que se preocupe por recuperar lo robado por los corruptos, y además logre una indemnización para el Estado por los daños ocasionados. El compromiso entre la PRG y la MACCIH es que “ya no se establezcan más conciliaciones con los responsables de haber incurrido en corrupción”, como ocurrió con el periodista deportivo Henry Gómez, acusado de haber lavado activos en el fraude contra el Seguro Social, y a quien se le dejó en libertad, luego que se declarara culpable y determinara acogerse al proceso abreviado para que pudiera cumplir con el castigo que exige la legislación penal. Para evitar estos incidentes, tanto la MACCIH como la PGR harán énfasis en el marco de este convenio, para que “en ningún caso se proceda a una conciliación que permita flexibilizar la responsabilidad civil o cubrir el daño patrimonial que se hace al Estado desde la Procuraduría”.
Mencionó que con esta política, todos los operadores de justicia, deberán adecuar sus formas de trabajo, orientaciones e interpretación jurídica sobre la plataforma de esa estrategia de país.
Todas estas explicaciones me parecieron necesarias y correctas por parte del abogado Jiménez. Donde me pierdo con sus declaraciones es cuando se extiende sobre el apoyo que le está brindando el Ministerio Público en sus investigaciones, que le están abriendo todos los expedientes que ellos requieren, y que la misma conducta esperan del Poder Judicial, cuando les corresponda realizar trámites judiciales. También me pierdo cuando habla de lo que se proponen hacer para investigar las redes de corrupción, en la que según él no quedarán títeres con cabeza. Todos van a caer. Poniendo en alerta a los involucrados.
¿A qué investigaciones se refiere, si aparentemente no han comenzado ningún caso, ni tan siquiera el del Seguro Social?
¿Ignora el abogado Jiménez, que el fiscal Roberto Ramírez Aldana, que comenzó con el caso del IHSS, lo mandaron con su familia a Francia a un cargo diplomático, porque según él, había recibido amenazas y lo dejaron solo con el caso, en el Ministerio Público?
¿Se habrán dado cuenta los que dirigen la MACCIH, que a quienes van investigar en los últimos actos de corrupción son militantes del partido de gobierno que colaboraron con el anterior presidente Lobo Sosa, en instituciones como el antiguo Soptravi, Instituto de la Propiedad, Injupemp y el mismo IHSS?
Cuando comiencen a tocar a los grandes en los casos más sonados de corrupción se va a dar cuenta la MACCIH que el apoyo del Ministerio Público y el Poder Judicial no va ser tan elocuente como piensan actualmente, y que incluso algunos medios y comunicadores oficialistas los van a comenzar atacar.
El abogado Jiménez, no hay duda que es un profesional de alto nivel, con gran capacidad para el debate público, que ha ocupado puestos relevantes en su país Perú, siendo el principal, como primer ministro por 15 meses (julio 2012 a octubre 2013) en el gobierno del presidente Ollanta Humala, pero que tuvo que renunciar por sus frecuentes declaraciones desafortunadas ante los medios, siendo la última y la más grave, cuando trató de minimizar el problema de la seguridad pública, contrario a lo que pensaba la población y los políticos, que este era un asunto delicado.
Hasta el abogado Jiménez reconoció al renunciar, que había sido desafortunada su declaración.
Al frente de la MACCIH, el abogado Jiménez peca de optimista, no realista y se excede innecesariamente en sus declaraciones. ¡Ojalá que en Honduras no vaya a incurrir en los mismos errores que cometió como primer ministro de su país!
Que conste, por el bien de Honduras, deseamos que le vaya muy bien a la MACCIH.