Managua, 6 sep (ACAN-EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, investigado en su país por supuesta corrupción, afirmó hoy que tiene más de 3 meses de estar en Managua, capital de Nicaragua, y que pidió asilo «después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra».
«Tengo más de 3 meses de estar realizando una consultoría en Managua», dijo el expresidente salvadoreño, en su cuenta en la red social Twitter.
Las autoridades de El Salvador habían advertido en agosto pasado que Funes tramitaba asilo en Nicaragua, lo que entonces negó.
«No mentí sobre el asilo, decidí tramitarlo el 31 de agosto, después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra», dijo el exmandatario, quien no tiene orden de detención en El Salvador.
Agregó que «el asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás».
De acuerdo con la edición de este martes de La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, Funes solicitó asilo político el 1 de septiembre y un día después el Gobierno nicaragüense le brindó una respuesta positiva.
El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años, y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años, según la información oficial nicaragüense.
El exgobernante salvadoreño, es investigado penalmente en su país por enriquecimiento ilícito y «posible» lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.
Funes fue el primero en llegar al poder bajo la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actual partido de Gobierno.
El expresidente ha calificado el proceso judicial en su contra como «show» político, basado en que las autoridades salvadoreñas «no han encontrado ninguna prueba» en su contra.
Funes también fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por una investigación por supuestas negociaciones que su Administración entabló con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir los índices de asesinatos.