La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, MACCIH, difundió ayer un informe sobre las 10 cosas que se deben saber sobre el proyecto de ley de política limpia, una iniciativa que ellos apoyan en contra de la corrupción.
Según el documento, es un proyecto que busca enfrentar la corrupción que se origina en el financiamiento ilegal de campañas electorales de partidos y candidatos.
“La corrupción que enfrenta las Américas hoy día requiere una firme decisión para evitar que, el narcotráfico, el crimen organizado y el uso ilícito de los recursos del Estado solvente las campañas políticas”, indican en su comunicado público.
De acuerdo a la MACCIH esta ley es la primera innovación para poner límites a los partidos políticos para gastar las campañas electorales, ya que en Honduras nunca se habían puesto techos a los montos que partidos y candidatos pueden gastar en una campaña política. Este proyecto lo plantea para evitar que el dinero ilícito penetre la política.
También señalan que en el país no existen registros confiables de contribuciones privadas para las campañas electorales y se necesita transparencia para que las aportaciones que reciban los partidos no procedan del desvío ilegítimo de las finanzas públicas, ni del crimen organizado.
En ese sentido, los partidos políticos solo podrán recibir donativos de personas o compañías que estén debidamente constituidas y con límites. Es la primera vez que se regulan las contribuciones en especie, las cuales deberán ser contabilizadas.
La ley contiene la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y tendrá importantes funciones para auditar, investigar y sancionar a partidos políticos y candidatos que infrinjan las normas de financiamiento y no informen.
El titular de esta unidad especial será electo mediante un procedimiento claro y transparente, contará con veeduría de la sociedad civil y la comunidad internacional, en base a criterios técnicos. Los políticos no pueden controlar las finanzas de otros políticos, indica la MACCIH.
Según el proyecto, también serán vigiladas las colectas y los sorteos para saber si la recaudación es real o simulada. Se prohíben los donativos anónimos o de procedencia incierta.
La autoridad contará con una serie de herramientas fiscalizadoras: investigación, auditorías, inteligencia financiera y el levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar e identificar a los que reciben aportes ilegales y a los autores de los delitos graves.
Recuerdan que los partidos políticos tienen la obligación de ser transparentes y de informar sus ingresos y gastos y de ser auditados como cualquier empresa o persona.
Además, se proponen en el proyecto de ley que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización podrá realizar las acciones necesarias, como parte de sus investigaciones, pudiendo denunciar los financiamientos ilegales al Ministerio Públicos.
Entre las medidas, contempla la expulsión de la contienda de aquellos candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal, a través de la figura de inelegibilidad sobrevenida. Por primera vez, se crea un catálogo de sanciones, con multas acumulativas hasta la cancelación del partido político.
También, estipulan la prohibición de contribuciones provenientes de empresas que tienen contratos con el Estado, a fin de evitar que los recursos del pueblo sean usados con fines electorales. Se afianza la neutralidad de los funcionarios, en el sentido que no podrán realizar actos de inauguraciones de obras, como acciones de proselitismo.
Finalmente, sugieren a los medios de comunicación equidad con la pauta publicitaria y que se suspenda la publicidad estatal durante la campaña electoral.