COMO la fuerza de aguas turbulentas, no hay muro de contención, por sólido que sea, que la resista. Eso le está pasando a los controles impuestos por la autocracia venezolana, según un artículo del Wall Street Journal. La invivible escasez de lo más esencial en una población desesperada por obtener alimentos, medicinas y otros insumos básicos para subsistencia, rebasa la capacidad del régimen de mantener sus férreas políticas económicas de control sobre los mercados. Unos meses atrás cuando las autoridades del Estado de Zuila, colindante con Colombia, permitieron que nacionales cruzaran los puestos fronterizos que se habían mantenido cerrados, durante el fin de semana, fueron caravanas kilométricas de lugareños y de venezolanos de los alrededores que acudieron a abastecerse en la vecina ciudad colombiana. Hoy, igual está sucediendo en otros estados de la frontera.
En un intento por calmar la agitación popular, al régimen no le ha quedado de otra que hacerse de la vista gorda, permitiendo que los gobiernos locales y comerciantes privados con acceso a dólares importen productos básicos desde los países vecinos. “Las tiendas y los distribuidores recuperan la inversión al revender los productos a precios mucho más altos que los controlados por el Estado, un proceso que hasta ahora era anatema para un gobierno socialista determinado a controlar cada aspecto de la economía”. Son operaciones ilegales, ya que las leyes de control permanecen intactas, pero son realidades inevitables, que funcionan similar a como opera el mercado negro de la moneda. La medida fue una salida desesperada ante el saqueo repetido de docenas de supermercados y establecimientos comerciales, mientras la gente se acosaba sin haber probado un bocado de alimento.
Obviamente que el costo es que todo sube de precio alimentando más la desbocada inflación que el FMI calcula en un 500% para este año, la mayor del mundo. El tenso clima social ha cambiado en esos lugares. “Hace seis meses, cientos de compradores rompieron las ventanas y puertas del supermercado para quedarse con los escasos productos con controles de precios después de una entrega. El jueves, en cambio, unas pocas decenas de compradores recorrían calmadamente los pasillos llenos de productos colombianos, mientras 12 cajeros esperaban”. Eso sí, que “comprar una bolsa de azúcar ahora le cuesta a la pobre gente un cuarto de su salario mínimo”. ¿Pero qué es preferible, comprar las cosas caras o morirse de hambre? “La inflación ha hecho que la divisa sea casi inútil, llevando incluso a los profesionales a ganar el equivalente de US$100 mensuales. La canasta familiar costaba US$380 al mes en el mercado negro”.
“Los distribuidores privados están importando los alimentos usando ahorros canjeados por dólares en el mercado negro, lo cual es ilegal, pero es tolerado por los funcionarios”. El gobierno por su parte hace lo suyo para repartir comida entre sus parciales. “Las Fuerzas Armadas, que desde hace tiempo controlan la distribución de alimentos, traen los productos extranjeros usando barcos, aviones de carga y camiones en convoy”. Los leales simpatizantes del régimen, afiliados al partido oficialista, consiguen alimentos subsidiados. El problema, sin embargo, persiste, ya que la mayoría del pueblo venezolano no tiene formas de abastecerse ni siquiera en lo esencial de su dieta diaria. En el campo político. Como el gobierno no le va a dar a los opositores el referéndum revocatorio no les queda otra que patalear y movilizarse masivamente a las calles.
