Por Héctor Paz Lázarus
Consultor y catedrático universitario
El INE publicó la Encuesta de Hogares 2016, revelando rasgos socioeconómicos de miseria. Primeramente, el ingreso por persona es de apenas L. 3,103 mensuales, siendo menor entre las mujeres. En regiones rurales es de L. 1,859. El costo de la canasta básica se estima en L. 3,298, mientras que el organismo centroamericano INCAP presenta una canasta con mejor valor nutritivo y la estima en US$355, por lo cual el ingreso por persona cubre solamente el 37% de dicha canasta.
Segundo, la pobreza se mide como hogares que carecen de necesidades básicas, incluyendo alimentos, vivienda, hacinamiento, servicios básicos y educación. Así, 61% de los hogares son pobres (64% en 2015), mientras que la pobreza extrema suma 38% (40% en 2015). El Banco Mundial agrega que Honduras es el país con la mayor desigualdad en Latinoamérica, o sea, pocos concentran la mayor riqueza del país.
Tercero, el desempleo suma 7.4%, similar al de junio/2015. El desempleo femenino es de 11%, mientras que el masculino es de 5%. El desempleo afecta marcadamente a los jóvenes de 15 a 24 años, pues asciende a 32%. Además, el desempleo de personal de apoyo administrativo, técnicos y profesionales de nivel medio es de 12%. Lo más crítico es el subempleo visible e invisible, o sea, personas que trabajan menos tiempo del deseado o que reciben un ingreso indigno. El subempleo asciende a 56%, similar al de un año atrás. Un aspecto terrible de los datos es que consideran a niños de 12-14 años y a jóvenes de 15-18 años con problemas de desempleo y subempleo. Estos niños deberían estar en las escuelas, mientras que los jóvenes en los colegios para después ingresar a la universidad.
Ante esta dura realidad que aflige a la mayoría de la población, la colocación de bonos soberanos externamente es un lujo para Honduras. Sigo escribiendo sobre los bonos porque la repetición es buena, pues se ha gestado en el país una cultura del “engaño y del olvido”. Los mil millones de dólares que se colocaron en 2013 tuvieron tasas de interés excesivamente altas (7.50% y 8.75%), debido al elevado riesgo del país de Honduras y la temporada en que se colocó la segunda emisión, cuando hay poca demanda por bonos (diciembre). Además, se podrán emitir hasta US$850 millones en 2017, de los cuales creo que se colocarían US$500 millones.
Por las emisiones de 2013, pagamos US$81.3 millones anuales en intereses, sin haber abonos a capital durante el plazo de ellas. Al vencimiento, debemos pagar los US$1,500 millones de capital que nos prestan, además de haber pagado más de US$1,000 millones únicamente en intereses por las tres emisiones. Pronto, en 2020, debemos devolver los primeros US$500 millones por la emisión de diciembre/2013, que fue a siete años. La Sefin probablemente tendrá que lanzar otros bonos para pagar esta cuenta, ya que seguramente no contará con los recursos porque el gobierno no ahorra, sino que gasta todo lo que le ingresa (80% en gasto corriente y apenas 20% en inversión).
La colocación de los bonos es contraproducente para los intereses económicos y financieros del país. Por una parte, hay ineficiencia porque son recursos desperdiciados, ya que los de 2013 financiaron gasto corriente, mientras que los de 2017 pagarán deudas de una empresa energética insolvente, lo que no tendrá ningún efecto multiplicador para potencializar la economía, por lo cual no ayudarán a revertir el círculo vicioso de pobreza de Honduras. Por otra parte, la estrategia se puede considerar como negligente. Encontré en internet una definición de negligencia, que resumo así: descuido, que implica un daño para uno mismo o para terceros y que se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles de la acción propia. El daño a terceros es la población hondureña, ya que esta no ha recibido ni recibirá beneficio alguno de los recursos de los bonos en cuanto a mejorar su calidad de vida, pero tendrá que pagar una exorbitante cuenta por el gasto financiero de los mismos.
El BID, Banco Mundial y BCIE prestan recursos al gobierno a largo plazo para proyectos de inversión que fomenten el desarrollo socioeconómico. Sus tasas de interés anual oscilan de 2.0% a 5.0%, dependiendo del organismo, y se utiliza una tabla para amortizar los préstamos. Además, ninguna institución financiera internacional prestaría a Honduras US$1,500 millones porque saben que nuestra capacidad de pago es especulativa y que la finalidad de los recursos no tendrá un retorno monetario. Los fondos externos captados mediante los bonos ingresan a la bolsa presupuestaria del gobierno. El gobierno puede hacer lo que quiera con estos fondos y está dispuesto a pagar un sobreprecio, como lo demostró en 2013 cuando aparentemente los utilizó para “apoyo presupuestario”. La emisión de 2017 pagaría parte de las deudas de la ENEE a los generadores térmicos.
En fin, es un endeudamiento externo nunca antes visto en Honduras. Los US$1,500 millones de capital de los bonos, además de los intereses que pagamos por ellos actualmente y por los que vienen, equivalen a 13% del valor actual de nuestra economía. Es una carga financiera grosera, dada nuestra realidad socioeconómica. Nuestra salud económica-financiera está en riesgo. Los hondureños debemos exigir valor por nuestro dinero, eficiencia en el uso de nuestros recursos y rendición de cuentas, ya que somos los que pagamos las cuentas del gobierno y por ello merecemos un futuro más promisorio y provisorio.