En la madrugada del 1 de septiembre del 2013, después de someterse al proceso de selección, asumió el cargo de fiscal general de la República el abogado Óscar Fernando Chinchilla, en una elección que fue la primera prueba de fuego y, por qué no decirlo, con algunos señalamientos en virtud de que a sus antecesores no los dejaron terminar el período para el cual fueron electos y los sometieron a un juicio político que concluyó en un proceso de renuncia.
Con esos matices políticos, hace 37 meses inició su gestión el fiscal general de la República, quien dijo a los medios de comunicación que empezaba con el anhelo de que la historia lo juzgase, como un hondureño que asumió un reto histórico y pedía la oportunidad de demostrar su compromiso con el país y con la ley.
Al día de hoy han pasado más de tres años al frente del Ministerio Público (MP) y su desempeño le ha inyectado nuevo dinamismo a la institución, que se ve reflejado en las grandes operaciones enfiladas contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
Con estos hechos cumple la promesa que él hizo al inicio, “que sean nuestros resultados los que nos legitimen en el cargo”. Precisamente, a eso nos atenemos para designarlo “Personaje del Año 2016”.
Dotado de una Policía Técnica y Científico, como es la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el primer golpe del Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) fue el latrocino al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ha dado qué hablar desde el 2015.
Después han venido una serie de operaciones, entre las cuales figuran: Avalancha I y II, considerado el plan más grande y poderoso en el triángulo norte para desbaratar la Mara Salvatrucha (MS-13) y sus tentáculos en la Policía Nacional.
En su bitácora, también están registradas 61 operaciones más que dejaron un resultado de 320 personas detenidas, dos mil bienes incautados (casas, terrenos, fincas, sociedades mercantiles, barcos, automóviles y otros), por los delitos de corrupción y crimen organizado, que abarca el lavado de activos, maras y pandillas, y narcotráfico.
Estas acciones contra policías ligados a las cabecillas de las pandillas han sido una doctrina para los países del triángulo norte.
Revelar el nexo de los agentes de seguridad del Estado con todo un sistema estructurado de extorsión, narcotráfico y lavado de activos, asegurando empresas y bienes, se ha constituido en una acción que ninguna de las policías había ejecutado, hasta ahora.
En un hecho sin precedentes, la Fiscalía consiguió también que a los cabecillas del caso del IHSS les aseguraran todas las propiedades adquiridas, como resultado de sus actos ilícitos.
Aunque el reto es someter a los tribunales al resto de los implicados, ya se obtuvieron las primeras sentencias condenatorias en dos juicios.
Aún queda mucho para ver el desenlace de este caso, por el cual ha habido aplausos y cuestionamientos.
El trabajo emprendido por el fiscal general y su equipo ha sido apoyado en tres distintas cartas difundidas por algunos senadores de los Estados Unidos, quienes resaltaron el combate contra la corrupción y el crimen organizado.
Los mismos congresistas advierten que sería intolerable la destitución de Óscar Fernando Chinchilla, de Thelma Aldana (Guatemala) y Douglas Meléndez (El Salvador).
De manera particular, el senador Patrick Leahy reconoce el compromiso del fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en la lucha contra el crimen, y el de sus colegas centroamericanos.
A nivel doméstico, era impensable ver al MP coordinando acciones con los diferentes entes de seguridad del Estado, pero ahora es muy común, gracias a la comunicación y entendimiento con las demás instituciones.
A lo interno del MP también damos cuenta de algunas coordinaciones para reestructurar las fiscalías y ponerla a tono con la demanda real de la sociedad y la evolución del delito; fortalecer las fiscalías de delitos contra la vida, crimen organizado y corrupción.
Por primera vez se cuenta con un plan estratégico 2015-2020, que incluye el objetivo de obtener una acción penal consolidada y eficaz, que garantice la rapidez en la investigación y otras cosas.
Desde su creación, hace 20 años, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico no ha sido tan exitosa en el combate al flagelo del narcotráfico, contra estructuras criminales que tenían décadas de operar, como hasta ahora. Se fortaleció con presupuesto y personal, al frente está una valiente fiscal de carrera en el Ministerio Público.
El fortalecimiento de la investigación criminal no sería posible sin mencionar la infraestructura dotada a la Dirección de Medicina Forense, la compra de morgues móviles destinadas a las zonas remotas del país, donde se dan crímenes despiadados.
Los logros podemos seguirlos enumerando porque hay y no vamos a ser mezquinos o a minimizarlos, sin embargo, también consideramos oportuno señalar otros retos que depara el 2017, como llevar a los tribunales a los cabecillas de la corrupción policial que el histórico proceso de depuración dejó a un lado; poner ante los tribunales a otros fugitivos del IHSS y adecentar la justicia colocando tras las rejas a los responsables de tantas muertes, a los extorsionadores y por qué no decirlo, definir el futuro de Kevin Solórzano, sin que aquí levantemos banderas, ni nos erijamos en jueces, sino veedores de un largo juicio que ha truncado la vida de un joven universitario, y dejado impune un crimen más.
Con sus luces y sombras, consideramos acertado dejar esta nominación anual que LA TRIBUNA ha hecho tradición y de la cual somos pioneros, en manos de Óscar Fernando Chinchilla, sobre quién habrá mucho que escribir más adelante, hasta que cierre su etapa de fiscal general de la República y emprenda otra.
