Por Marcio Enrique Sierra Mejía
La economía social de mercado es el enfoque de política económica que el actual gobierno ejecuta. A diferencia del enfoque neoliberal sustentado hasta el 2013, a partir del 2014, se enfatiza en la política social que regula a la política económica de mercado. Siendo este postulado lo que hace la mayor diferencia frente al neoliberalismo. O sea, el esfuerzo gubernativo se encamina a la organización de los mercados considerados como el mejor sistema de asignación de recursos, pero tratando de corregir y readecuando las condiciones institucionales, éticas y sociales para que puedan operar eficientemente y con equidad. Obviamente, se van corrigiendo poco a poco los excesos o desbalances que el sistema económico enfrenta en Honduras al basarse en mercados libres, caracterizado por una desorganizada y débil división del trabajo que, en ciertos segmentos actúan bajo circunstancias monopólicas, causando una competencia disfuncional. En esta ruta de reordenamiento económico se descarta la economía planificada centralmente.
Se pueden constatar los intentos conscientes que hace el gobierno para sacarle ventajas al sistema económico social de mercado: están fomentando una política económico-institucional en la que se combina la libertad de acción individual dentro de un orden de responsabilidad personal y social. Por ejemplo, el fomento de microtortilleras, los microempresarios, los huertos familiares, redes de microcréditos, la fusión de Banadesa y Banhprovi en un solo banco estatal para favorecer la vivienda social, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) y agrícola. El programa 20/20 para fortalecer el desarrollo industrial e incluir sectores empresariales nacionales en el desarrollo de empresas turísticas, etc. Se incentiva la productividad invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la infraestructura y mejorando la eficiencia en la producción de energía al reformar las condiciones de operatividad de este mercado en el que su producción y distribución siguen un patrón sesgado a favor de empresas que buscan controlarlo monopólicamente. Asimismo, vemos que se ha tomado la firme decisión de modernizar el sistema aduanero.
La Economía Social de Mercado es un concepto que se aplica tomando en cuenta las relacionadas condiciones sociales para su implementación política. Se trata de implantar una teoría abierta y no como una teoría cerrada. Aceptando que las condiciones sociales son cambiantes y requieren de una actitud de apertura política frente al cabio social. La libertad y la justicia social son los valores fundamentales en la relación social para lograr el delicado equilibrio que se necesita para avanzar hacia un desarrollo económico en que ambos valores se complementan. En otras palabras, en el sistema económico social de mercado de lo que se trata es de combinar las necesidades de libertad económica, por un lado, con la justicia social, por otro.
La libertad económica significa que en la sociedad está ausente la coerción en contra de derechos de la persona, y desde el punto de vista económico disuade a los actores políticos a asegurar la liberación de la iniciativa individual, el espíritu de empresa y las innovaciones que, según los ideólogos de la economía social de mercado, son las fuentes más importantes de la productividad y el crecimiento económico.
En relación a la justicia social, lo que se aspira a lograr en el plano económico es la igualdad de oportunidades para que en nuestra sociedad desarrollemos propios talentos que basados en la solidaridad lo proyecten al resto de ciudadanos. La justicia social se convierte en el valor social que debe predominar en la convivencia humana de los hondureños y guía para la creación de lazos sociales. Ahora en la agenda del gobierno la justicia social es una condición necesaria para lograr que todos los miembros de la sociedad participen en el bienestar, así como en la creación, multiplicación y conservación de la riqueza.
Esto de la justicia social no es fácil de discernir. Y si bien se ha arraigado como valor amplio y general en nuestra sociedad, en la vida política cotidiana, se aprecian una variedad de indicadores de justicia existentes. Al aplicarlo al campo económico, se ve un concepto de justicia orientado al bienestar común (iustitia legalis), otro de justicia conmutativa y de intercambio (iustitia conmutativa) y el de la justicia distributiva (iustitia distributiva).1 En la actualidad, se han puesto en práctica procesos de justicia social en un contexto de desarrollo capitalista excluyente. Es decir, en el plano de una justicia de rendimiento bajo condiciones de un marcado desequilibrio social, en el que se adoptan políticas sociales a fin de permitir liberal potencialidades económicas y tratando de evitar los grandes contrastes sociales, protegiendo la paz social en el interés del progreso económico. Todo esto implica un consenso social para que el beneficio obtenido del proceso de crecimiento sea amplio.
1 CEPAL: Cambio Sociales, Actores y Acción Colectiva en América Latina, octubre 2001