AÚN cuando el Estado ya cuenta con infinidad de instituciones y entes de control –sustentadas en leyes generales y especiales– encargados de cumplir hasta la más mínima función que se pueda requerir en la administración pública, por alguna razón pasa creando comisiones, interventoras, e inútiles oficinas que, aparte de despilfarrar dinero y engordar la burocracia, terminan siendo mucho ruido y pocas nueces. Algunas, son duplicidad de lo que ya está regulado en las leyes, o se convierten en creciditos animales que asumen papeles paralelos a los que ya tienen las instituciones formales. Un complejo de falta de confianza en lo que ya se tiene induce al parto de las nuevas estructuras. Es como si se sintieran huérfanos de validación. Necesitados de figuras ajenas al engranaje público, de notables o delegados nominados por instancias críticas de la administración, creyendo que eso sea un aporte que mitiga la falta de credibilidad.
Así, cuando el gobierno se sentía débil en el tema de derechos humanos –por señalamientos de grupos interesados que inciden en el ánimo de los cooperantes extranjeros– crearon un ministerio encargado de suplir la falta. Aquel adorno costó cualquier cantidad de dinero gastado en teatro.
Orquestado a justificar la existencia del ministerio repellado de camaradas afines al espectáculo. Le encomendaron la delicada tarea de implementar las recomendaciones contenidas en el fardo entregado por la Comisión de la Verdad, para que finalizada la gestión presidencial nada se hiciera y jamás se supiera el paradero de los voluminosos documentos. Ni porque frecuentemente regresaba al país el chapín inspirador de aquellas verdades de “Perogrullo” a ofrecer su opinión sobre temas nacionales, hubo empeño alguno en no meter a las olvidadas gavetas de un escritorio aquel resumen escrito del sonado conflicto. El tiempo lo dedicaron a copiar la ley mordaza ecuatoriana que –en aras de la libre emisión del pensamiento– gracias a Dios y a la ofensiva emprendida por la prensa nacional terminó en el cesto de la basura. En esos días, cuando se enteraron de lo pando que andaba la Policía, se les ocurrió otra Comisión de Reformas a la Seguridad, dizque serviría para depurar lo carcomido. Integrada por cabezas afines a la UNAH, con la docta asesoría de expertos ajenos a la realidad nacional. Pasaron años redactando papeles inservibles, hasta que murió de inanición. Esos fueron los tiempos de las interventoras, las comisiones investigadoras, las inquisidoras en todos lados, cada vez que deseaban sacudirse algún estorbo.
En ese mismo paquete apareció la DIECP que, según el Tribunal Superior de Cuentas, “lo que mandan no es nada sustentado o pruebas contundentes de enriquecimiento ilícito, sino puras “incongruencias”. Uno de los miembros de la Comisión Depuradora –de las contadas cosas que sí han dado evidente resultado a tal grado que a varios de ellos las redes delictivas los tienen en capilla ardiente– lamenta que esa DIECP “haya tenido que gastar 250 millones de lempiras y que fueran incapaces de enviar expedientes sustentados para proceder”. Cada vez que hay un amago de eliminar ese ente investigador –anunciaron que sería sustituido por otro chunche en la nueva ley policial– aparece algún documento filtrado, o el chisme sobre algún alto oficial implicado en feos procederes, armando un alboroto que divaga la atención del auditorio. Se nos agotó el espacio, con estos ilustrativos ejemplos, sin abordar el caso de varias otras comisiones ad hoc como de algunos gigantescos embudos montados para suplantar funciones encargadas a los entes regulares con que cuenta el Estado.
