Por: Ronald MacLean-Abaroa
La corrupción sistémica o generalizada en nuestros países no obedece solamente, ni principalmente, a la acción de individuos inescrupulosos, falta de valores o simplemente ambición. No, la corrupción existe y persiste en sociedades donde los sistemas son corruptos. La persecución de individuos deshonestos, sin reformar los sistemas de gobierno, solo dará como resultado la sustitución de los corruptos por una nueva generación de futuros corruptos, como se ha visto históricamente. La corrupción es solo un síntoma de causas enraizadas en prácticas prebendales de política y el abuso de autoridad y poder monopólico del estado tradicional.
No hay duda que la presencia de la MACCIH en Honduras significa un importante avance en la lucha contra la corrupción que exige la sociedad hondureña. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que, aún con las mejores intenciones, la lucha contra la corrupción, cuando no atiende las causas de este mal, corre el riesgo de tener resultados adversos que solo perpetúan la corrupción con otros métodos y otras caras. En ese razonamiento, la primera cuestión es entender que la lucha contra la corrupción no es únicamente contra personas sino fundamentalmente contra los sistemas de gestión pública que permiten la existencia de esa corrupción.
La persecución de corruptos es una tarea de la justicia y las misiones internacionales de acompañamiento no debieran actuar de investigadores y acusadores sino preocuparse de facilitar la creación de sistemas transparentes, limitadores de la discrecionalidad del poder y sujetos a rendición de cuentas. En suma, es necesario un sistema de gobierno donde esté limitada la discrecionalidad del poder a través de mecanismos de chequeo y contrabalance. De otra manera, los esfuerzos de la MACCIH terminarían dando un énfasis punitivo a esta lucha que acabaría por trasladar el poder, monopólico y discrecional, a los fiscales, que por ser nombrados por los mismos gobiernos infectados de corrupción tienden a actuar selectivamente.
El control de los gobiernos sobre el Poder Judicial acaba siendo una persecución entre corruptos, cuyo desenlace final son acusaciones y persecuciones indiscriminadas que banalizan la corrupción y desincentivan la inversión privada y la confianza en el sistema.
La persecución judicial con fines políticos se da sin el respeto al debido proceso y solo protege corruptos con poder y no soluciona el problema, pues los mecanismos y sistemas que permiten la corrupción subsisten intactos.
El sistema judicial reproduce las condiciones básicas para la corrupción en su propio seno.
Dadas las limitaciones anteriores para combatir la corrupción por la vía de controles, castigos y persecución de individuos, en los últimos años ha surgido una corriente alternativa que previene y combate la corrupción desde la base de la sociedad, dirigida a reformar la forma en que se gobierna, facilitando la participación ciudadana para la reforma de sus instituciones, yendo más allá de la simple denuncia y condena, incorporándola en el diagnóstico y la acción para prevenir la corrupción en colaboración horizontal con las respectivas administraciones públicas. Esta metodología conocida como la de creación de “islas de integridad” ha sido inspirada en el trabajo teórico de académicos de la Escuela de Gobierno de Harvard, aplicadas originalmente y con sorprendente éxito en el municipio de La Paz, en Bolivia, y luego sistematizada a través del apoyo de Open Society en Europa del sud-este; y del Banco Mundial y el gobierno de Austria a través de una red de ONGs europeas. Ya se ha aplicado esta modalidad en más de una treintena de ciudades, en doce países post-conflicto, habiendo sido adoptada por programas del Banco Mundial y Naciones Unidas y convertida en materia de enseñanza oficial en la Academia Internacional Anti-Corrupción de la Unión Europea y en el curso de postgrado en Harvard y otras universidades.
La base del programa es que la corrupción es el síntoma, no la causa. La corrupción subsiste porque hay una excesiva concentración de poder o discrecionalidad en manos del gobierno y una falta de rendición de cuentas (accountability) porque no hay transparencia en la asignación de recursos públicos o en el acceso a la información pública, cuyo costo final es la ineficiencia, la falta de servicios públicos, la pérdida del dinero y de tiempo de los ciudadanos, cinismo y complicidad en la comisión de delitos.
El programa promueve una metodología distinta para combatir la corrupción a través de procesos participativos de la sociedad, autodiagnóstico con acceso a la información pública y un plan participativo de reformas institucionales profundas. Este proceso integra a miembros de distintos sectores de la sociedad que, de otra manera, hubiesen sido escépticos respecto a la posibilidad de combatir la corrupción. Se los vuelve aliados activos en esta lucha.
Partners Global Internacional, una fundación basada en Estados Unidos, se ha constituido en el repositorio de esta novedosa metodología anticorrupción. Sería sensato que los organismos regionales como la OEA se sumen a organismos como el Banco Mundial y Naciones Unidas en la adopción de esta estrategia moderna y democrática de prevención y lucha contra la corrupción y faciliten a estas a adoptar un sistema de rendición de cuentas sobre su independencia política, respeto del debido proceso e imparcialidad judicial.
Estamos convencidos que, en el caso de Honduras y de Latinoamérica en general, son más eficaces a mediano y largo plazo programas sin sensacionalismo que previene y tratan el cáncer de la corrupción, a enfoques punitivos que pueden ser aprovechados política y mediáticamente y dejen intactos los mecanismos corruptores del Estado.
*El autor es cofundador de Transparencia Internacional y su primer presidente en Latinoamérica; dicta cátedra en la Universidad de Harvard y la Academia Internacional de Anti-Corrupción de las Naciones Unidas y es sobreviviente de la lucha contra la corrupción en varios gobiernos de distintos países.
La verdadera lucha contra la corrupción
