Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Quienes con alevosía política pretenden hacer creer que en Honduras vivimos bajo un régimen autoritario, describen al actual régimen de gobierno, asumiendo evidencias de un autoritarismo imaginado y basado en lucubraciones mentales quiméricas, elaboradas para desprestigiar al gobernante actual y su liderazgo político.
Es una falacia afirmar que el régimen político del gobernante actual se base en el sometimiento absoluto a su autoridad. Si así fuese, nuestro Estado no sería democrático y menos se permitiría ola democratizadora alguna, como las que tenemos actualmente, que sacan mucho provecho de la libre expresión de pensamiento que existe efectivamente, y que la misma crítica opositora, hace gala por ser una fuerza antinacionalista, sin que sean reprimidos como podría ser en un gobierno genuinamente autoritario.
En nuestro país, no vemos acciones de oposición política que sean repelidas de manera autoritaria o tirana. Y menos, tenemos a un dictador como lo existen en otros países. En la sociedad hondureña, no se está silenciando a los analistas que tanto influyen en la opinión pública y las redes sociales. ¿Cuáles normas y valores democráticos el gobernante actual trata de modificar para imponer una real dictadura? Hablar de un Estado terrorista también es una fantasía malvada.
Por el contrario, más bien sorprende el aumento de iniciativas provenientes de instancias internacionales que aprovechan la apertura democrática que se vive en Honduras, para promover posturas anticapitalistas. Es verdad lo que indica Orellana cuando afirma que “el Estado hondureño ha sufrido una metamorfosis producto de un diseño que desde el Congreso Nacional, se ha venido impulsando e imponiéndose gradualmente”, pero no en el sentido perverso que da en su comentario, estableciendo una mal intencionada aseveración política al decir que “va avanzando el control del Presidente sobre los poderes del Estado y los órganos extra poderes” (Edmundo Orellana, La Tribuna, 20 de febrero, 2017). Realmente, lo que está ocurriendo es un alineamiento estratégico para enfrentar los problemas de inseguridad que privan en Honduras. Los órganos extra poderes que Orellana cuestiona, no son para imponer una dictadura o un Estado terrorista, se han creado más bien para mejorar el control y el buen funcionamiento del gobierno, dada las reformas sociales y económicas que se están desarrollando.
El Consejo de Defensa y Seguridad, no es como lo afirman los opositores, una instancia para darle vigencia a una dictadura, esa forma de pensar, es un argumento propio del pensamiento ultra izquierdista y apoyado por facciones ultra conservadoras de la derecha, que lo utilizan para crear la duda en la ciudadanía y mancillar las positivas intenciones del Presidente, cuyo propósito, es enfrentar con contundencia la amenaza real del crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión y la expansión territorial de las maras, que objetivamente afectan el desarrollo de la economía nacional. Tampoco es cierto que lo que en ese Consejo se decide se transforma en ley en el Congreso Nacional, si así fuese, la reforma penal, ya hubiese sido aprobada. Igual, ocurre al coordinarse acciones con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
La seguridad y defensa nacional, son elementos primordiales dentro de la conformación de la nación hondureña, y lo que se busca es aplicar la efectiva coordinación de acciones para dar tranquilidad y certidumbre a los ciudadanos, de que nuestra nación, no vamos a sucumbir ante la embestida de los criminales, los narcotraficantes, los extorsionadores y los corruptos públicos y privados, que son los verdaderos enemigos del Estado hondureño.
En relación a que el Congreso Nacional ha cedido sus funciones al Ejecutivo, es otra falacia especulativa, propia del “dogmatismo académico”, que está asociada a la resistencia al cambio del Código Civil para agilizar, simplificar y modernizar el cuerpo legal que regula sustancialmente las materias jurídicas relativas al engranaje del Estado, cuando este requiere de un acoplamiento para ejecutar políticas públicas, en una perspectiva pragmática, pero con sentido estratégico.
En enero del 2014, el nuevo gobernante, no inició su período gubernativo improvisando las acciones públicas que iba a ejecutar; por el contrario, ha venido ejecutando un plan de acción enmarcado en una estrategia de cambio cuyos efectos ya son constatados en la sociedad, que se encuentra bajo un contexto de crisis, que es enfrentada con disciplina e inteligencia gubernativa, siguiendo un lineamiento doctrinario ordo liberal, muy bien pensado que se ha ido ejecutando gradualmente.
El haber concertado con el Poder Legislativo ciertos cambios en la forma de administrar el gobierno por parte del Presidente, en ningún momento es una señal de autoritarismo, es más bien, la evidencia del consenso político y la unidad ideológica de los nacionalistas. Y esto es lo que causa malestar, recelo y aversión en los críticos de oficio que despotrican ante el gobierno.
