Por: Octavio Pineda Espinoza
Abogado
En la Constitución de la República existe un capítulo dedicado a la Defensa Nacional, la inteligencia y visión de los constituyentes sabiendo las circunstancias existentes en 1980, 1981 y 1982 después de varios gobiernos militares en el país les llevaron a incluir a las Fuerzas Armadas en el texto constitucional para limitarlos así legalmente y evitar que pretendieran darle otro golpe de Estado a la naciente institucionalidad democrática, ese episodio empezó a lavar poco a poco la sucia cara de la institución castrense que por esos días estaba y estuvo por mucho tiempo de capa caída.
Luego de esos días las Fuerzas Armadas comenzaron a recuperar la confianza de la ciudadanía y de su noble misión, tanto así, que llegaron a ser consideradas como una de las instituciones más confiables dentro del nuevo proceso democrático hondureño, más incluso, que los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad y que otras instituciones del Estado, eso fue así por un tiempo considerable dentro de estos 37 años que ha durado este último esfuerzo democrático en el país, se convirtieron en muchas situaciones políticas difíciles y caóticas en el fiel de la balanza que evitó el rompimiento del orden constitucional cuando los “presidentes” sobrados de poder quisieron alargar como sucede hoy, su estancia en el poder más allá de lo que permiten la Constitución y las leyes, jugaron un papel toral en la defensa de la institucionalidad cuando en el 2009 “Mel” Zelaya pretendió precisamente hacer eso de manera burda para llevar al país a una situación que nos tendría hoy como le sucede al pueblo venezolano.
El Artículo 272 constitucional establece claramente que las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la “alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, es su misión y su deber constitucional, deber que es ineludible so pena de cometer delito de traición a la patria como sucede con todos aquellos que promueven el continuismo del Presidente de la República.
No existe excusa alguna que los militares puedan argüir como motivo para no cumplir con ese mandato constitucional, el hecho que exista un fallo apócrifo de una Sala de lo Constitucional deslegitimada por la forma en que fue cooptada por el Legislativo dirigido por JOH y conformada con los adláteres del Presidente para cumplirle el capricho, es bien sabido por sus asesores legales y por la oficialidad en general que entienden bien el texto de la Carta Magna, su ineludible obligación les señala taxativamente su obligación para con el sistema democrático y para con el pueblo hondureño que los tiene de nuevo bajo la lupa, igual entienden que el delito de traición a la patria es imprescriptible y que, cuando los vientos políticos cambien en Honduras, como evidentemente están cambiando, y arribe al poder un gobierno respetuoso de la Constitución y de las leyes, esa misma institucionalidad que no quieren proteger los someterá a juicio y los juzgará por la enorme falta que están cometiendo al tomar lado con el continuismo y con el aspirante a dictador.
Tiene la institución armada una última oportunidad de salvarse de la debacle que les viene a todos aquellos que obtusamente se han puesto de lado de la ilegalidad y la violación constitucional, tiene un chance de mantener incólume a la patria y a sus instituciones y de ganarse el respeto de la comunidad nacional e internacional por su apego al texto magno, tienen una última oportunidad de no embarrar a la noble institución militar en el descrédito y la condena pública, si no cumplen con su obligación, tal acción los debilitará más y los llevará al precipicio y a una situación peor que la que tuvieron a principios de los años ochenta. ¡Los buenos militares, garantes de la patria tienen la palabra!
Catedrático de Derecho Constitucional. Unah