La Asociación Servicios Técnicos Legales y Económicos (SETELEC), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y con la cooperación del Programa Impactos de Counterpart International, presentaron hoy los resultados del informe Efectos económicos y sociales de la política fiscal reciente en Honduras (2013-2016).
La investigación aborda las principales reformas a las leyes tributarias, los efectos económicos y sociales de la reforma fiscal de 2014, los cambios institucionales y la situación de la transparencia y rendición de cuentas en el sector público. El análisis se concentra, principalmente, en el período 2013-2016.
El estudio reconoce los avances en la reducción del déficit fiscal que de un 7.9% del PIB en 2013, disminuyó a 3.1% en 2015 y 2.8% en 2016. Esto producto de un significativo aumento de los ingresos tributarios, de un mayor control del gasto y de una reducción de bienes públicos. Sin embargo, también se destaca que dicha reducción ha profundizado la regresividad de la estructura tributaria y afectado las asignaciones a sectores importantes como salud y educación.
El aumento de los ingresos tributarios se dio por medio de incrementos en impuestos indirectos (impuesto sobre ventas y de los derivados del petróleo, principalmente), los que constituyen cerca del 70% de los ingresos tributarios. Mientras tanto, el crecimiento de los impuestos directos es menor y las exoneraciones fiscales se han mantenido en niveles altos, y en algunos casos han aumentado, pese a que estudios del mismo gobierno han mostrado que muchas de ellas no se justifican.
El aumento de los impuestos en los tres primeros años del presente gobierno ha sido, en promedio, cerca 11,400 millones de lempiras (2.5% del PIB de 2016) lo cual ha provocado que la carga tributaria hondureña pase de 14.8% del PIB en 2013 a cerca de 18% en 2016.
Por el lado del gasto público se pueden destacar, en primer lugar, el enorme peso que representa el servicio de la deuda en el presupuesto nacional. Para 2016 de cada tres lempiras que el gobierno recaudó en impuestos, un lempira se destinó al pago de la deuda. Al finalizar el 2017, el Gobierno Central habrá pagado en los últimos cuatro años alrededor de 117,282 millones de lempiras en servicio de deuda, equivalente al 25% del PIB de 2016 y a casi todo el presupuesto del Gobierno Central para 2017 (130,000 millones de lempiras). En segundo lugar, la desproporción en los aumentos de presupuesto a los rubros de defensa y seguridad, así como a los programas de asistencia social manejados directamente por la presidencia. Estos últimos han aumentado de 11.7% del total del gasto en 2010 a 13.6% en 2017, para el caso de Seguridad y Defensa, mientras para protección social el aumento ha sido de 3.4% del gasto total a 6.3%. En contraste, la prioridad fiscal de la educación se ha reducido para el mismo período de 32.8% a 20.1% y la de salud de 14.7% a 10.7%.
Los cambios recientes en la política fiscal no se han restringido a los ingresos y gastos, sino también a reformas en el marco institucional. Se disolvió la Dirección Ejecutiva de Ingresos y en su reemplazo de creó el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece límites al déficit del sector público y un nuevo código tributario, entre otras normas fiscales. Estos importantes cambios, sin embargo, no contaron con una amplia participación ciudadana, limitándose a reducidos sectores de la sociedad.
En materia de transparencia y rendición de cuentas las decisiones adoptadas muestran tendencias contrapuestas: por una parte Honduras se adhiere a iniciativas internacionales de transparencia como la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH), en el campo de las industrias extractivas (EITI) y de infraestructura (Cost). Sin embargo, simultáneamente se aprueba una ley de clasificación de documentos públicos (secretividad) que restringe el acceso a información al público y se incrementa el monto de recursos públicos manejados por medio de fideicomisos poco transparentes.
El trabajo concluye que, en estas condiciones, la política fiscal no cumple su papel de ser un instrumento de desarrollo y recomienda que para alcanzar este objetivo se debe promover un pacto fiscal que permita una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas que promuevan objetivos nacionales, así como transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, la investigación respalda los esfuerzos que están realizando el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal y la Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras ya que contienen propuestas concretas que ayudarían a una política fiscal regida por los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad eficiente, basada en una democracia participativa.