Un equipo de fiscales del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), sustrajo ayer viernes más información en instituciones estatales señaladas por realizar contrataciones con la organización criminal “Los Cachiros”.
Los investigadores ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), para secuestrar información del Fondo Vial, asimismo en las oficinas de MiAmbiente.
Según lo informado por las autoridades del MP, las acciones tienen como objetivo secuestrar más documentados ligados a la adjudicación de obras por parte de estas instituciones a la organización criminal de tráfico de drogas, cuyos líderes se entregaron de forma voluntaria a Estados Unidos en el 2015.
Cabe recordar que la ATIC decomisó a inicios de abril al menos 22 contratos que los Cachiros firmaron con Insep, Fondo Vial y la ENEE, valorados en un total de 115 millones de lempiras.
Lo anterior surgió luego que el exlíder “Cachiro”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en una corte federal de Nueva York, que había firmado contratos con varias instituciones estatales, supuestamente para lavar activos.
Por esa razón, ayer en el marco de la Operación Tormenta de Fuego IV los fiscales para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de Tegucigalpa, adscritos a las Secciones de Económicos, Municipalidades, Seguridad Social, Recursos Naturales, Propiedad Estatal y Privada entre o otras, se aprestan a la realización de diligencias de investigación de doce denuncias, mismas que son de su conocimiento en virtud de la interposición de las mismas ante la Sede Administrativa Fiscal.
Ese mismo personal con agentes de tribunales lideran equipos integrados por auditores, ingenieros civiles, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y peritos en diferentes áreas, a fin de realizar inspecciones, tomas de declaraciones, secuestro de información en los casos que sean necesarios y la ejecución de varias órdenes de captura, en su mayoría por delitos como sustracción de documentos públicos, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
La realización de estas acciones fue efectuada en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Municipalidad de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, Instituto de la Propiedad, Región Metropolitana de Salud Número 19, Secretaría General del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), oficinas principales de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Son varias las líneas de investigación por diferentes casos que se espera se fundamenten tras estas acciones, que además contemplan la inspección en expedientes administrativos, análisis de documentación soporte por pagos realizados tras la ejecución de proyectos, obras, inspecciones en libros y tomos, asientos, solicitud de copias certificadas de asientos y cuanta diligencia en etapa de instrucción sea necesaria para impulsar de forma objetiva los casos.