Interpol fichará a pandilleros con antecedentes criminales en EE UU

La política de “cero tolerancia” a las maras y pandillas, específicamente a la Mara Salvatrucha (MS-13) que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no garantiza que aquellos hondureños que vengan deportados y que hayan cometido delito allá, vayan directamente a la cárcel, no obstante serán registrados en un archivo especial que permitirá darles seguimiento.

Reportes de agencias internacionales revelan que las pandillas han ganado terreno la mayoría de Estados de la nación del norte y al igual que en el Triangulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, imponen el terror cometiendo actos de violencia.

Los “placasos” o murales con los símbolos de las maras y pandillas, específicamente de la Mara Salvatrucha (MS-13), se ven en las paredes, mientras que algunos niños y jóvenes temen asistir a los centros educativos, por temor a las amenazas de muerte que reciben al negarse integrar estos grupos delictivos.

El presidente estadounidense ha afirmado en reiteradas ocasiones que los integrantes de la MS-13 son un grupo malo, tan malo como al-Qaida y por eso se están organizando operaciones especiales, mediante el Departamento de Seguridad.

La advertancia genera incertidumbre y preocupación entre los hondureños, que en los últimos 30 años han vivido en carne propia la violencia, madres y padres que perdieron a uno y hasta dos hijos a manos de estos grupos de asociación ilícita.

Analistas expertos en seguridad entrevistados por LA TRIBUNA, coinciden que la masiva deportación de hondureños ligados a las maras y pandillas podrían reforzar estas estructuras criminales ya afianzadas en el país, incrementando por ende los niveles de violencia.

FICHADOS

En ciudades de Estados Unidos, la presencia de las pandillas es notable.

Autoridades hondureñas confirmaron que Estados Unidos, puede deportar a ciudadanos que hayan cometido delitos en equella nación, pero sino tiene denuncias u orden de captura en su país de origen, no puede ser sentenciados sin seguirle un debido proceso.

El Protocolo de Seguridad para deportados con antecedentes criminales, solo permite hacer el cruce de información entre las autoridades nortemaricanas y la Policía Internacional (Interpol) de Honduras, quienes verifican si hay una causal para dejarlos retenidos.

En el caso que el retornado tenga antecedentes criminales en Estados Unidos, pero no en Honduras, las autoridades unicamente fabrican una ficha con los datos personales del ciudadano, el crimen o delito por el cual fue acusado, cuánto tiempo estuvo detenido en cárceles extranjeras, cómo fue su comportamiento y otros datos que determinan su perfil, adjuntando una fotografía.

Luego, los agentes remiten el expediente a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), quienes dejan en libertad a la persona, pero deben darle seguimiento, como sospechoso.

En caso de encontrar indicios de que haya cometido un crimen o que esté vinculado a actividades ilicitas en Honduras, se remitirá la información al Ministerio Público (MP) para que emitan el requerimiento fiscal para capturarlos y enviarlo a los Tribunales correspondientes.

El comisario de policía Jasser Ramos Padilla es el jefe de Interpol-Honduras y explicó que a diario comparte información con autoridades de 190 países, pero con Estados Unidos ya tienen avances de información específica de los jóvenes vinculados a las maras y pandillas.

Precisó interpol ya tiene una base de datos de “mareros” que andan prófugos de la justicia y mediante las unidades de investigación e inteligencia del Estados y con los demás países se les dá seguimiento para identificarlo.

GARANTÍAS

En Honduras las maras están bien estructuradas con dinero y armamento.

“Si los ciudadanos hondureños que vienen deportados tienen un problema legal en nuestro país, le puedo dar la seguridad que las egencias de Estados Unidos están en constante comunicación con nosotros para facilitarnos los nombres, aprehenderlos y ponerlos a la orden de los juzgados”, precisó.

No obstante, si los hondureños han cometido un hecho criminal en Estados Unidos, generalmente allá cumplen su condena y eso aparece en el expediente que envían las agencias de la nación de norte, detalló Ramos Padilla.

En base a todos esos datos, los deportados son recibidos en Honduduras por el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Interpol y la DNII, quienes respetándoles sus Derechos Humanos, hacen la ficha de acuerdo a los protocolos establecidos, para darles seguimiento y asegurarse que no vengan a Honduras a realizar acciones en contra de la ley.

El agente afirmó que las bases de datos son muy robustas, ya que los delitos se han transnacionalizado y muchos de los ciudadanos que comenten un homcidio, secuestro o cualquier otro delito son perseguidos y capturados, solo en lo que va del año han dado 20 “hit”, es decir 20 detenciones.

Sobre la cantidad de pandilleros que podrían estar en Estados Unidos y que ya fueron identificados para detenerlos y retornarlos a estos países, Ramos Padilla dijo que es difícil determinarla, pero Honduras debe estar tranquila porque se está actuando, de manera profesional.

En caso de una masiva deportación de pandilleros, Interpol se alista para conformar una base de datos de estas personas, en combinación con los demás entes encargados de aplicar justicia en el país y la Dirección de la Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf), en caso que retornen jovenes o menores pandilleros.

INVESTIGACIONES

Una de las medidas que se han tomado para reducir su accionar, es transladarlos a centros de máxima seguridad.

“Hemos escuchado las versiones en los medios de comunicaciones que dicen que el gobierno de Estados Unidos ha decido deportar a miembros de la mara MS-13, en ese sentido nosotros como Estado tenemos que realizar la investigación correspondiente”, explicó el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Germán Macnael.

“Si una persona es deportada, eso no quiere decir que es criminal, no quiere decir que va enfrentar una causa penal en nuestro país, pero si esta persona tiene antecedentes policiales, penales y ordenes de captura pendientes en nuestro país, son las autoridades correspondientes como ser la Policía Nacional o la DPI que deben hacer la captura de estas personas”, precisó el funcionario.

Después de la captura, los juzgados correspondientes serán los encargados de realizar la acción jurisdiccional de impartir justicia, es ahí donde el INP, podrá recepcionar a la persona que un órgano judicial del país envíe a un centro penal.

Consultado sobre si el deportado cometió delito en la nación del norte y en Honduras está limpio, refirió que para eso debe verificarse, porque si existe un requerimiento judicial en Estados Unidos y una personas es capturada allá para deportación y tiene cuentas pendientes con la ley, obligatoriamente tendría que ser juzgado en Estados Unidos.

No pueden deportar a alguien teniendo cuenta pendientes con la justicia estadounidense, sí puede proceder si el detenido está acusado por un delito en honduras, explicó.

Precisó que para enviar a los mareros y pandilleros a los nuevos centros penales de máxima seguridad, ya sea “El Pozo 1” en Ilama, Santa Bárbara o “El Pozo 2” en Morocelí, El Paraíso, primero se debe seguir todo el proceso legal establecido y determinar si la persona es de alta, media o baja peligrosidad.

Mcnael apuntó que “como Instituto Nacional Penitenciario estamos preparados para cualquier situación que pudiese surgir y estamos trabajando arduamente con instrucciones del Presidente Juan Orlando Hernández, en cuanto a crear las condiciones adecuadas para las personas privadas de libertad”.

Sin embergo, las consecuencias pueden ser graves para los países del Triángulo Norte, dónde estas estructuras que tienen sus orígenes en los años 80 del siglo pasado, han consolidado su presencian y accionar criminal, controlando territorios.

HÍBRIDAS

La Mara Salvatrucha con las deportaciones podría crecer y mutar su accionar.

Las medidas anunciadas por Estados Unidos, según expertos, podrían generar lo mismo de 1996, tal y como lo cita el informe titulado Maras y Pandillas en Honduras, elaborado por InSight Crime, y presentado el noviembre del 2015.

El documento establece que a finales de la decada de los años 90, específicamente en 1996 el gobierno de Estados Unidos, aprobó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que permitía deportar a los inmigrantes, y como resultado se obtuvo un pronuniciado incremento de personas con historial delictivo que retornaron a Centroamérica.

Esta medida coincidió con el auge de las maras y pandillas en los países del Triángulo Norte. Específicamente a Honduras retornaron algunos integrantes de la MS-13, de la Pandilla Barrio 18, de la Mau Mau y de los Vatos Locos, la mayoría procedentes de Los Ángeles, California, cuya rivalidad ya se evidenciaba en los centros de detención juvenil, cárceles y morgues de Estasdos Unidos.

Un miembro retirado y experto en maras y pandillas citado por el informe, reseñó que cuando los integrantes de las maras y pandillas llegaron deportados de la nación del norte trajeron ropa, cortes de pelo, música y una dinámica muy atractiva para la juventud hondureña, que luego se convirtieron en rituales, como los aprendidos en Estados Unidos.

El arribo de los miembros activos de las maras y pandillas desde Estados Unidos generó una ola de actividades propias de las maras híbridas, combinando tradiciones nacionales con esquemas internacionales, manifestandose en primer lugar en la norteña ciudad de San Pedro Sula en Cortés.

Desde ese tiempo la lucha de las maras y pandillas ha sido el control de los territorios imponiendo el terror en los barrios y colonias, para extorsionar o cobrar el mal llamado “impuesto de guerra” y desarrollar el narcomenudeo, teniendo así acceso a importantes flujo de ingresos que les permiten comprar potentes armas de guerra.

ESTIMACIONES DE LA PRESENCIA DE PANDILLEROS EN HONDURAS

Los deportados que no han cometido delitos en Honduras quedarán libres y solo se les hará una ficha o informe para investigación.

Oficina de la Naciones Unidas Contra  la Droga y el Delito (UNODC)

12,000 miembros activos

7,000 de la pandilla 18

5,000 de la MS-13

Policía Nacional de Honduras

25,000 miembros activos

Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid)

36,000 miembros activos

DEPORTACIONES EN EL 2017

En lo que va del año 220 buses llegaron desde méxico con 8,765 deportados adultos y 1,477, sumando 10,242 hondureños, de los cuales, 17 tenían orden de captura y para efectos de investigación se remitieron cinco cuidadanos.

Por vía aérea han llegado 65 vuelos, transportando 6,762 deportados, entre ellos se identificaron a 58 personas que tenían orden de captura.

En total han retornado 17,004 ciudadanos, entre los cuales se han capturado a 75 hondureños que se encontraron prófugos de la justicia, es decir que se fueron huyendo despúes de cometer un delito en Honduras.

FUSINA
Listos para recibir a hondureños con antecedente criminal

El portavoz de la Fuerza de Seguridad Insterintitucional Nacional (Fusina), teniente coronel, Santos Nolasco, afirmó que Honduras se prepara para recibir a las personas deportadas y mediante difentes instituciones corroborarán si tienen un antecedente criminal en el país.

Santos Nolasco.

Uno de los requisitos para que los deportados sean retenidos, es que hayan cometido delito en Honduras, pero si una persona fue acusada en Estados Unidos, es allá donde será requerido.

El efectivo militar informó que a nivel de la región mantienen operaciones combinadas con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, además se vigilan las aguas marítimas para poder dar con el ingreso irregular de personas que hayan delinquido en otro país.

Precisó que en el 2015 se detuvieron a 13 personas salvadoreñas, en el 2016 a 27 y en lo que va de este año 11, en total son 51 salvadoreños, la mayoría integrantes de maras y pandillas que han querido ingresar al país de forma irregular.

Nolasco aseguró que “Fusina tiene un plan debidamente estructurado, el cual contempla ir atacando las sitaciones que generan violencia en Honduras, como el tráfico de drogas, de personas, de armas y la asociación ilícita”.