EL escándalo que en las últimas horas ha acaparado la atención del azorado público es la fuga de esos reos, que aparentemente salieron como entraron, por el portón principal. Lo espeluznante es que “toda la estructura criminal de la mara 18 se fugó de Támara”. Mientras las autoridades centraban sus esfuerzos en trasladar a los cabecillas de estos carteles delictivos, de las hacinadas bartolinas de San Pedro Sula a una instalación carcelaria recién inaugurada, los mareros recluidos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, apurados, antes que el diablo lo supiera, planificaban la estrategia del escape. Las cifras ofrecidas por la Secretaría de Seguridad revelan una dramática reducción de las extorsiones y de otros actos delictivos en la zona norte del país, desde el traslado masivo de reos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara.
Las autoridades facilitaron fotos y videos que muestran cómo los carteles funcionaban dentro del presidio, en forma bien sincronizada, para seguir con sus operaciones delictivas manejándolas a control remoto. Han ofrecido a la prensa evidencia del arsenal de armas almacenadas dentro del penal, como de las ingeniosas formas de comunicarse al exterior dando instrucciones precisas a sus compinches. Se supone que todavía no revelan otra información sensitiva que encontraron al producirse los desalojos, que podría poner en precario el curso de las pesquisas y de otras investigaciones. Sin embargo por todo lo que hasta ahora se conoce es fácil deducir en qué magnitud el sistema carcelario había colapsado. No solo por el estado de las edificaciones ruinosas e inservibles, sino por la evidencia divulgada de reclusos y carceleros coludidos en un mismo sistema macabro para delinquir. Si bien la fuga masiva de pandilleros asusta y mantiene en vilo a la ciudadanía, no se puede ignorar el esfuerzo gubernamental, en forma acelerada, procurando una solución a algo podrido que lleva años en estado penoso de deterioro. Aparte que enderezar lo que ha estado tanto tiempo torcido no ocurre de la noche a la mañana. Lo que ha sucedido solo es una nueva demostración de las fallas intrínsecas en la forma cómo, durante demasiado tiempo, se han venido abordando los problemas. Bajo la creencia que esto se soluciona con solo redactar nuevas leyes, sin prestar atención a la masiva inversión que requiere cualquier sistema que se intenta reformar. Recordamos cuando años atrás redactaron una nueva ley del sistema penitenciario. Se vanagloriaron, en su momento, que se trataba de un instrumento jurídico envidiable, con el cual el país tomaba delantera en la región.
Pero el papel carga con lo que le ponen encima. Una ley, si no hay dinero para implementarla de nada sirve. Con los limitados recursos del tesoro nacional y las acumuladas urgencias, ningún gobierno quiere invertir en la construcción de centros penitenciarios. O gastar lo necesario para diferenciar los espacios asignados a los inquilinos que purgan penas por delitos atroces y aquellos por delitos menores. ¿Dónde se marca la frontera entre el castigo y la rehabilitación? El que entra a esos execrables antros del infierno difícilmente tendrá esperanza de salir rehabilitado algún día. Más bien, muchos de los aventajados alumnos que ingresan por delitos corrientes, o que esperan sentencia del lento sistema judicial, tienen la matrícula asegurada para recibir cátedra de maestros bien experimentados. Así que debe equilibrarse la sonada huida de reos –esperando su pronta captura para tranquilidad colectiva– con el trabajo realizado para dotar al país de nuevas instalaciones penitenciarias, y los operativos para trasladar reclusos a lugares donde la fuga sea remota.