A 13 años, que se cumplieron ayer miércoles, del fatal incendio en el centro penal de San Pedro Sula, donde murieron 107 reclusos, sus familias aún siguen esperando el pago de una indemnización del Estado que fue ganada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Aunque las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario aseguran que el dinero está listo, pero hay que superar algunos impases.
Cada día los afectados recuerdan el 17 de mayo de 2004, cuando un supuesto cortocircuito provocó el siniestro, pues el fuego se propagó por varias celdas en cuestión de poco tiempo.
Los gritos de desesperación de los privados de libertad comenzaron a escucharse, pues de acuerdo a algunos sobrevivientes, buscaron la forma de salir de las celdas.
Sin embargo, 107 presos no corrieron con tan buena suerte, a pesar del esfuerzo que hicieron por salvarse, ya que sufrieron quemaduras y el humo los asfixió.
Independientemente de los delitos por los que estaban recluidas las víctimas, sus parientes las siguen recordando, pues jamás imaginaron que morirían de esa manera.
La mayoría los privados de libertad tenían hijos, algunos recién nacidos a quienes no pudieron ver crecer.
Ayer se cumplieron 13 años de ese fatídico día, pero los familiares de los ahora occisos siguen a la espera del pago de una indemnización del Estado de Honduras.
Una de las afectadas relató a LA TRIBUNA que el caso fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; demanda que hace siete años salió a favor de ellos.
Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y aún no se les hace efectivo ese pago, alegando que las autoridades correspondientes están jugando con su dignidad.
DURA PESADILLA
Es el caso de la madre de uno de los fallecidos, quien con voz quebrantada y con su rostro desencajado, contó que sigue viviendo esa dura pesadilla, la cual ya no quisiera, pues prefiere acordarse de su vástago tal y como era en vida.
“Son 13 años de estar viviendo esta pesadilla, si bien es cierto que ya no tenemos a nuestros seres queridos, pero que nos paguen la indemnización, porque la demanda salió a favor de nosotros hace siete años”, expresó la doliente.
Refirió que les han dicho que los cheques para cada familia están listos en la Procuraduría General de la República (PGR), pero, cuando se presentan para reclamarlos, les ponen un obstáculo.
Entre tanto, otra pariente de uno de los muertos, manifestó que el 18 de diciembre de 2016 recibió una llamada en la que le confirmaron que le entregarían el cheque el 23 de ese mismo mes, incluso, cada pariente recibió un número con el cual debería de hacer fila para poder recibir el pago en un banco.
Sin embargo, un día antes de esa fecha, nuevamente la llamaron para cancelar la entrega del dinero, aduciendo que los encargados de dárselo iban de vacaciones, por lo que debía de esperar un nuevo aviso.
“Dicen que el dinero está en cheques; nosotros les decimos que, si nos los entregan que depositen el dinero a una cuenta a nombre de cada uno de los familiares, y así nosotros lo cobramos, pero no nos aceptan ninguna de las opciones que les damos”, recalcó la mujer.
Añadió que, “le dije a uno de los abogados que no sigan jugando con nuestra dignidad y que nos busquen una solución pronto; no importa si es por fideicomiso o como sea, pero que nos paguen lo que corresponde”.
35 MILLONES DE LEMPIRAS
En relación a lo anterior, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Germán McNeil, refirió que el dinero para pagar la indemnización a los parientes de los 107 reos que murieron en el centro penal sampedrano, tras el voraz incendio, está aprobado, pero el mismo será entregado a través de un fideicomiso.
“Están aprobados 35 millones de lempiras para pagar la indemnización a los parientes de los fallecidos en el penal de San Pedro Sula, pero el dinero se les dará mediante un fideicomiso, pues así lo estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el funcionario.
Detalló que, “el inconveniente es que los afectados no quieren que el pago se haga por medio de un fideicomiso, pues desean un pago directo, pero ya hemos enviado una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si se puede entregar la cantidad estipulada de dinero a cada familia sin el fideicomiso”.
TRAGEDIA
La tragedia que enlutó a 107 familias, es uno de tantos hechos acaecidos en esa cárcel de la zona norte, dejándola casi en ruinas.
Sin embargo, las instalaciones fueron reparadas y el presidio continuó funcionando, al grado que su capacidad para albergar a los reos sobrepasó el límite.
En marzo de 2012, ocurrió otro incendio, provocado tras una riña entre los presos, el cual dejó como saldo 13 muertos.
La sobrepoblación ha provocado que en ese recinto haya amotinamientos; mismos que han causado la muerte de varios presos.
Eso ha servido para que los privados de libertad vivan como en sus casas, con comodidades que muchos desearían, incluso, almacenan armas de fuego, cortopunzantes, drogas y otros objetos.
Con el objetivo de reducir los índices delictivos, el gobierno actual, ha visto a bien la construcción de cárceles de máxima seguridad en diferentes sitios del país, por lo que, desde marzo, los trasladados a “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara se han hecho con gran éxito y recientemente a La Tolva de Morocelí, El Paraíso.
Ya son casi dos mil los convictos que han sido llevados a esos recintos entre pandilleros, mareros y paisas, quienes mantenían el control del presidio sampedrano.
Se espera que para diciembre esas instalaciones se conviertan en historia, pues para entonces se pretende haber enviado a todos los privados de libertad a las cárceles de máxima seguridad que funcionarán en el ámbito nacional.