Un enfrentamiento a tiros entre las bandas familiares “Los Espinoza” y “Los Soto”, dejó un saldo de varios muertos y heridos por cada bando, en el municipio de San Luis, Comayagua. Pero la Ley de Recompensas permitió a la Secretaría de Seguridad identificar a gran parte de los criminales y llevar a algunos a prisión porque otros murieron en el enfrentamiento con las autoridades.
Como pasó con algunos miembros de los dos clanes familiares, la Ley de Recompensa para capturar miembros de peligrosas bandas de sicarios y extorsionadores, divulgando listas con el programa los “Más Buscados”, ha llevado a desmantelar organizaciones del crimen organizado.
El sistema permite acertar la labor de los entes de seguridad del Estado, y opera bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de Seguridad, que pone a disposición recursos financieros y así pagar, a cambio de información veraz.
De acuerdo al procedimiento, al momento de recibir una llamada en la que un testigo ofrece datos de eventuales capos del crimen, la información pasa a ser procesada por un equipo de agentes especializados en el área de investigación, quienes tratan los datos de manera confidencial para evitar riesgos al denunciante.
Para determinar el monto de una recompensa que ofrecen por los cabecillas de bandas, las autoridades toman en cuenta factores como: la complejidad del caso, el peligro que representan los sospechosos y el daño que se evita a la sociedad al desmantelar las asociaciones ilícitas.
Este tipo de iniciativas se ha puesto en marcha con buen suceso en otros países de América Latina, donde la criminalidad ha mostrado un comportamiento similar a la experiencia que vive actualmente Honduras.
Las acciones dirigidas a localizar y poner en manos de la justicia a los forajidos en sus distintos grados de peligrosidad, incluyen la conexión de líneas telefónicas seguras, a través de las cuales cualquier persona podrá proveer pistas o datos valiosos para esclarecer actos criminales.
Desde que entró en vigencia en el 2014, las autoridades han accedido a la información, recibiendo llamadas anónimas a la línea de emergencia 911 y 143 de ciudadanos que proporcionan datos que alerta a los agentes policiales.
“LOS ESPINOZA” Y “LOS SOTO”
En el 2010 una disputa de tierras enfrentó a dos familias: Espinoza y Soto en la aldea “El Tablón”, del municipio de San Luis, Comayagua. En sus inicios los enfrentamientos eran entre miembros de ambas familias, pero los integrantes de clan Espinoza sacaron de esas tierras a los Soto, quienes se trasladaron a la aldea Los Horcones, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
Los Espinoza se quedaron habitando en San Luis y comenzaron a quemar varias propiedades y colocaban el mensaje: “el que compre cualquier propiedad de los Soto se muere”.
A finales del 2011, “Los Espinoza” y “Los Soto” se confrontaron, a mano armada con saldo de un muerto por cada familia y varios heridos.
Fueron diferentes las pugnas, la familia Espinoza emprendió acciones delictivas con finalidad de agenciarse de más fondos para engrosar su poder armamentista y reclutar integrantes con formación militar.
Las acciones delictivas, según la Secretaría de Seguridad, fueron financiadas mediante apropiación indebida de fincas, corte ilegal y abusivo de café, asesinatos, robos a personas, vehículos repartidores y residencias.
También amasaron fortunas por medio de extorsiones, que incurrieron en violaciones y quema de viviendas, entre otros delitos, en diferentes operaciones ejecutadas en 13 aldeas del municipio de San Luis, Comayagua, a donde tenían aterrorizados a los pobladores.
Las autoridades atribuyen a la banda “Los Espinoza”, la muerte de seis policías, que fueron abatidos en diferentes enfrentamientos armados con integrantes de operativos destinados a capturarlos.
La Secretaría de Seguridad dispuso de 250,000 lempiras, de recompensa a quien proporcionara información concreta que les permitiera capturar a los miembros de esta peligrosa banda.
FUGA “MARA 18”
Otro hecho por el cual se brinda recompensa, tuvo lugar el pasado jueves 11 de mayo cuando se fugaron de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, 23 privados de libertad considerados de alta peligrosidad, ya que todos son miembros activos de la pandilla 18.
El portavoz de la Policía Nacional, Julián Hernández, anunció que ofrecen hasta 300 mil lempiras de recompensa a los ciudadanos que brinden información sobre los reos fugados de la Penitenciaría Nacional de Támara.
En este caso, Honduras subió las fichas de los 23 reos por los cuales se ofrece una recompensa para quien de información sobre el paradero de los fugitivos, comunicándose a la línea 143 de la Fuerza Nacional Antiextorsión.
Incendio El Hatillo
Otro de los casos de aplicación de la ley fue la recompensa de 250,000 lempiras ofrecida a quienes denunciaran a los incendiarios de El Hatillo.
El incendio consumió cerca de 200 hectáreas de bosque de pino entre El Hatillo, El Picacho, La Tigra y sus alrededores.
Por los daños ocasionados al medio ambiente durante el siniestro, la Secretaría de Seguridad puso a disposición una recompensa económica de 250,000 lempiras a toda persona que brindara información para la inmediata captura de él o los incendiarios.
La línea está abierta a las denuncias, que serán recibidas de manera confidencial a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 y la línea 116 del Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor).
La Ley
El Congreso Nacional aprobó la ley de Recompensas el 9 de abril del 2014, para incentivar a los hondureños a cooperar con el sistema de seguridad nacional, y creó el programa los “Más Buscados” para la divulgación de fotografías, videos o retratos hablados de los sospechosos de cometer delitos graves.
Los videos, fotos o retratos de los supuestos delincuentes son subidos a un sitio de internet y divulgados en medios de comunicación.
En realidad todas las unidades operadoras de justicas, ofrecen recompensas por informaciones de casos de alto impacto, pero el fondo es uno solo y consta de 12 millones de lempiras.
Riesgo
La directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, se debe generar confianza en la ciudadanía para que puedan denunciar a los sospechosos, porque proporcionar información de personas que se han fugado o están investigando en algunos casos porque ponen en riesgo su vida.
Ayestas refirió que en el caso de las maras y pandillas tienen dominio de los barrios y colonias, porque llega a saber quién brindo información.
Recomendó que las instituciones de seguridad establecen la garantía de cómo van a proteger a un testigo que les facilite los datos de los criminales que investigan.