Un cálculo preliminar realizado ayer martes por autoridades del Banco Central de Honduras (BCH), indica que el impacto que conllevaría la extinción del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) andaría por alrededor de 200 millones de dólares por año.
Así lo explicó ayer el presidente del organismo, Manuel Bautista, al relacionar que para este año se esperan más de 4,000 millones de dólares en remesas y el promedio que mandan anualmente los hondureños desde Estados Unidos.
“Si eso lo multiplicamos por 56,000 personas (adscritas al TPS) la economía se vería disminuida en menos de 200 millones de dólares el próximo año”.
Las autoridades estadounidenses vienen advirtiendo que ha llegado el fin de este beneficio migratorio que empezó en 1999 con más de 100,000 hondureños y hoy día la cantidad de inmigrantes ha caído a menos de 60,000.
El próximo mes Honduras estará presentando la solicitud para la décimo quinta prórroga, esta semana el Presidente Juan Orlando Hernández presentará argumentos para lograrlo en el marco de una cumbre en Miami con representantes del gobierno de Donald Trump.