ESTE es un verdadero dolor de cabeza para el país. De enero a junio 22,546 hondureños indocumentados, de ellos 2,122 menores, han regresado al país deportados. El imperio deportó 10,014, entre ellos 116 menores de edad, el gobierno azteca 247, de ellos 226 menores. Lo otros 12,216 hondureños, 1,760 de ellos menores, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre. Como se aprecia, entre las autoridades norteamericanas y mexicanas hay competencia por ver quién expulsa más. Por ello decíamos que en esa conferencia de Miami, auspiciada por el Departamento de Estado para rejuntarnos con los mexicanos, si bien los otros temas tratados no disminuyen en importancia, por allí hubiesen comenzado. Abordando –con espíritu solidario– el grave problema humano que representan estas deportaciones.
Bien que el gobierno mexicano quiera integrarse con los centroamericanos para vender más de sus cosas en estos mercados, pero alguna respuesta hubiesen dado a la queja sobre el trato que le dan a los viajeros hondureños que pasan por su territorio, con rumbo a su destino final. Y de paso, destrabar toda esa enredadera que tienen para evitar que empresarios hondureños, amparados en el TLC, puedan ingresar artículos a aquel país, mientras aquí no enmarañan lo que nos mandan, razón por la cual hay un tremendo déficit comercial en el intercambio. A esas gestiones es que debiese estar dedicado el embajador del “open for business” y recordado ministro de los frijoles. En cuanto a los deportados de los Estados Unidos, entendíamos, por las advertencias de sus funcionarios, que estarían dando preferencia a los que tienen antecedentes delictivos. Otro asunto delicado. Esa gente es reintegrada sin mayores problemas ya que a pesar del protocolo que tienen las autoridades de ambos países para intercambiar información, hasta donde se sabe a nadie arrestan a su ingreso a no ser que en el país tenga orden de captura. ¿Si los delitos fueron cometidos en país ajeno cómo es que se maneja ese asunto? Ni imaginarse las faenas a las que podrían dedicarse algunos de ellos, no decimos todos, sino quizás solo algunos que retornan –aumentados y corregidos– con la tremenda dificultad en el país para obtener empleo. Lo que nos lleva a otro agudo inconveniente. La válvula de escape que tenía el país a tanta desocupación era la migración. El trabajo que no encontraban aquí lo buscaban afuera. Con el agregado que cuando lo conseguían contribuían con sus remesas a sus familias y a la economía nacional.
Ahora con esos rigorosos controles en la frontera se agotó esa opción. Más la cantidad de gente que despachan de vuelta sin que haya en el país el auge suficiente como para ser absorbidos en la fuerza laboral. Los empresarios se quejan que con tanta traba burocrática y falta de incentivos –la pesada carga impositiva– no hay manera de crear en forma acelerada fuentes de trabajo. La última consideración. Ese TPS es cierto que lo dio el gobierno norteamericano como medida transitoria. Pero no temporal –como arguyen ahora en un discurso repetido por nuestro propio embajador allá– mientras se superaba el cataclismo que produjo la masiva migración, sino hasta que se hiciese la reforma migratoria de un sistema que ellos mismos consideran resquebrajado. La culpa que no se haya hecho la reforma –por discrepancias políticas internas en Washington– no es de las víctimas que emigraron. Así que no sería justo que eliminen ese beneficio ofrecido transitoriamente si todavía no hay reforma migratoria que en forma realista y humanitaria haya resuelto los problemas y dado definición permanente al sistema jurídico.