Sin servicios básicos 60 mil discapacitados

Unas 800,000 personas sufren de algún tipo de discapacidad en el país, de los cuales más de 60 mil sufren violaciones a sus derechos, a pesar de contar con una ley que los ampara, afirmó ayer martes el Coordinador de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), Mauricio Valladares.

Asimismo, comentó que a diario identifican denuncias de violaciones a acceso de necesidades básicas, como ser derecho a la vida, salud, educación, un trabajo, o un emprendimiento, el acceso a la justicia y reconocimiento de estas personas ante la ley.

Esto es una serie de elementos que nos viene a evidenciar cuál es la debilidad estructural en materia de derechos humanos, en el cumplimiento que el Estado debe de aplicar en esta población.

En el 2016, el Conadeh atendió 465 quejas de personas con discapacidad, de las cuales el 60 por ciento correspondió a denuncias relacionadas con el derecho a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad. Asimismo, un 21 por ciento de las denuncias estuvo relacionada al derecho a la educación, trabajo, salud y seguridad social, el 9 por ciento al acceso a la justicia y el 10 por ciento a los acompañamientos y orientaciones.

Las personas con discapacidad encuentran limitaciones para el acceso a la justicia, ya sea porque las instalaciones públicas no cuentan con facilidades de acceso físico o por la falta de garantías de atención.

Actualmente las personas con discapacidad se muestran entre los siete grupos vulnerables a los que se suman mujeres, niños, niñas, jóvenes, afrodescendientes, comunidad LGTBI, personas migrantes, así como defensores de derechos humanos, ya que cada uno padece de algún tipo de violación a sus derechos en mayor o menor escala.

Entre las exigencias al Estado están la de fortalecer las funciones y asegurar los recursos financieros adecuados para la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad (Digedepdi) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), para promover, proteger y supervisar la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en cumplimiento de su mandato.