¿Suicidio, muerte natural, súbita o asesinato?, es la pregunta que continúan haciéndose los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al caso del privado de libertad que la semana pasada (sábado 29 de julio) fue registrado como muerto 12 horas después de haber sido recapturado tras un mes de andar fugitivo del centro penal de la ciudad occidental de Santa Bárbara.
Sobre este caso existen fuertes sospechas que pudo haber mano criminal en contra de Eusebio Tróchez Guzmán (54), quien minutos antes de su recaptura mencionó que había salido con permiso de las autoridades del reclusorio e incluso, daría ante el juez su versión de los hechos, algo que no pudo llevar a cabo tras su inesperado fallecimiento.
La información recolectada hasta el momento por la DPI, son testimonios hasta de los mismos compañeros de prisión, quienes escucharon que el ahora fallecido se había quejado de un dolor de estómago minutos antes de haber sido trasladado a un centro asistencial de emergencia.
SIGNOS DE ASFIXIA
Otra versión de policías penitenciarios es que el privado de libertad presentaba signos de asfixia cuando lo encontraron muerto en su celda, antes había pedido medicamentos y agua que le fueron entregados por custodios penitenciarios en presencia de guardias de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Sin embargo, al trasladar el cadáver a la morgue capitalina, tanto los técnicos como los médicos del Centro de Ciencias Forenses, sospechaban que Tróchez Guzmán, se había tragado una pastilla para curar frijoles y no un medicamento para quitar dolores de estómago o afecciones similares.
Pero existía otra sospecha posible y es la existencia de una enfermedad no tratada por muchos años que no solo venía aquejando al privado de libertad, sino que podría haberle causado severas complicaciones en todo el organismo. Esta versión tampoco se ha confirmado, por lo que el caso sigue como un misterio sin resolver, ante la vigilancia por otro lado de organizaciones defensoras de derechos humanos que han solicitado a instancias estatales la información del expediente.
Tróchez Guzmán fue recapturado en una aldea en Santa Rita, departamento de Yoro.
Según información de agentes de la DPI, al momento de ser recapturado les dijo que prefería estar muerto que encerrado por algo que no hizo e, incluso, daría su testimonio sobre los hechos, pero la otra interrogante que aún queda sin responder es: ¿quién pudo haberle dado la pastilla para curar frijoles?
HECHOS VIOLENTOS
En los últimos años, algunas cárceles hondureñas han sido escenarios de incendios, motines, fugas, intentos de evasión, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) considera que todo el sistema penitenciario debe ser manejado por personas especialmente capacitadas, no solo para supervisar las instalaciones físicas, sino que fundamentalmente para tratar al ser humano que se encuentra dentro de esas instalaciones físicas.
La mayor queja recibida de parte de la población penitenciaria es por retardo en la justicia, que es un problema grave, ya que las cifras indican que más del 50 por ciento de los privados de libertad no tienen sentencia.
En los últimos años se han registrado varios hechos que reflejan la inseguridad que hay al interior de los centros penales, desde incendios, constantes riñas entre los reclusos que derivan en lesiones y muertes entre ellos.
Un recuento de hechos indica que, en los últimos años, al menos cuatro cárceles hondureñas han sido escenarios de matanzas y tragedias que han dejado incalculables pérdidas de vidas.
El 5 de abril de 2003, se suscitó una masacre en la granja penal de El Porvenir, Atlántida, que dejó como saldo 69 personas muertas. El 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el centro penal de San Pedro Sula, Cortés donde perdieron la vida 107 privados de libertad y resultaron lesionados al menos 25 reclusos, hecho violento por el cual Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 2011 y el 2012, el Conadeh registró la muerte de 419 personas privadas de su libertad, de los cuales, 360 murieron quemadas en la granja penal de Comayagua, por las cuales también el Estado debió indemnizar a los familiares de los fallecidos.