Incongruencias patrimoniales en caso Barralaga y Muñoz Licona

Los últimos informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) establecen que el exjefe de la Policía Nacional Preventiva, comisionado en calidad de retiro, Jorge Alberto Barralaga Hernández mantenía un patrimonio de 14 millones de lempiras, incongruente con sus ingresos.

Mientras, al exdirector general de la Policía Nacional, comisionado retirado José Luis Muñoz Licona le acreditan incongruencias de 8.4 millones de lempiras, de acuerdo al mismo informe del TSC.

Las investigaciones también abarcan a un exempleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) identificado como Levis Donaldo Martínez con una fortuna de 85 millones de lempiras.

Todas las personas en mención fueron notificadas y tienen un período de tiempo para esclarecer la procedencia de las cantidades millonarias que les documentan, si no desvanecen los señalamientos sobre incongruencia patrimonial, quedaría firme la acusación y el informe se enviaría al Ministerio Público (MP) para el correspondiente proceso.

Entre 2013 y 2016, la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) entregó al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público varios expedientes sobre las incongruencias patrimoniales de 26 exjefes de la Policía Nacional y solo tres justificaron sus patrimonios.

En relación al comisionado en retiro Jorge Alberto Barralaga Hernández, actualmente preso en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en el valle de Támara por lavado de activos, desde 2013 habían salido a la luz las incongruencias patrimoniales en sus actividades económicas.

Precisamente, fue separado de la Policía en 2011, en esa investigación por enriquecimiento ilícito que elaboró en su momento la DIECP. Al advertir las irregularidades, el expediente de Barralaga fue remitido al TSC y al Ministerio Público.

Levis Donaldo Martínez tendrá que desvanecer los señalamientos sobre incongruencia patrimonial.

CASO DEL IHSS

Sobre, Levis Donaldo Martínez el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) había revelado su nombre en una línea de investigación abierta tras una denuncia interpuesta en noviembre del 2014.

Según el CNA en 2014, se recibió una denuncia contra Martínez, un analista administrativo del departamento de Tesorería del Seguro Social que devengaba un sueldo mensual de 23 mil 640 lempiras.

Las denuncias se relacionaban con comisiones o dádivas, que el empleado recibía por agilizar pagos a los proveedores lo que ha generado que el empleado acumule una fortuna.

Esas irregularidades en las que incurrió el analista del Seguro Social, habrían sido cometidas en compañía de su esposa de nombre Miriam Elizabeth Espinoza Castro.

La investigación del CNA revela que Martínez y Espinoza lograron viajar a diferentes países entre ellos Panamá, Costa Rica y Estados Unidos en 2013 y 2014, incluso tuvo la capacidad de comprar de contado varias viviendas ubicadas en zonas exclusivas de la ciudad. Asimismo, su esposa adquirió un vehículo de agencia.

Todos esos hallazgos fueron remitidos al Tribunal Superior de Cuentas en el contexto de una acusación por los delitos de defraudación fiscal e enriquecimiento ilícito.