Audiencia inicial para red de licitaciones “pandas” de Hospital de Santa Bárbara

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentará una fuerte carga probatoria contundente que llevará a que el juez con Jurisdicción Nacional que conocerá la causa en el Primer Batallón del Fuerte Cabañas les dicte auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a los seis funcionarios entre ellos el director del Hospital Santa Bárbara Integrado por varios delitos.

Entre los detenidos que guardan prisión en las cárceles de Támara, Francisco Morazán y que “desfilarán” ante el juez de Fusina están el director del Hospital de Santa Bárbara integrado, doctor Jorge Heriberto Peraza Padilla, a quien el MP lo acusa por siete delitos de Fraude, así como por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública.

Asimismo, la jefe de enfermeras Cándida Rosa Erazo Castillo, Carmen del Rosario Fernández Fajardo quien se desempeñaba como la jefa de Laboratorio, Carlota del Carmen Hasbun Caballero, jefa de Farmacia y el jefe del Almacén, Walter Edgardo Rápalo Caballero y María Demetria Rodríguez jefe de Rayos X, son acusados por el MP por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública, además conforman el Comité de Evaluación dentro del Hospital.

El martes pasado en medio de una asamblea del sindicato la ATIC realizó la captura de los primeros cinco funcionarios entre ellos el director del Hospital de Santa Bárbara, durante la detención varios colegas y compañeros de labores se oponían a que fueran arrestados los antes mencionados.

Los funcionarios que aún faltan por detener por parte de la ATIC, son Josué Melitón Claros Sagastume jefe de Administración del Hospital de Santa Bárbara Integrado quien se encuentra prófugo de la justicia, según lo que informó el Ministerio Público.

Del mismo modo, se investiga por parte de la ATIC a la licenciada en Química y Farmacia Karla Patricia Tejeda Soto encargada de la distribución de medicamentos, quien se encuentra fuera del país en Miami, Estados Unidos, de acuerdo a lo que compartieron con LA TRIBUNA es la representante de la empresa Kalyc de Honduras S. de R.L. según documentación de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.

Es importante mencionar que la empresa a que los funcionarios imputados aprobaron la licitación que está registrada supuestamente de forma legal bajo la empresa mercantil Kalyc de Honduras S. de R.L. le adjudicó siete procesos de licitación para la compra de medicamentos.

“En la relación de hechos supuestamente se obviaron procedimientos importantes dentro de lo que la ley dispone particularmente en la Ley de Contratación del Estado para favorecer según el argumento del Ministerio Público a una empresa en particular que finalmente obtuvo los siete procesos de licitación para la compra de medicamentos” detalló ayer la subdirectora de comunicaciones del Ministerio Público, abogada Lorena Cálix.

“El Ministerio Público apoyándose mediante las unidades respectivas que con informes técnicos documentales han venido a sustentar el caso ante el tribunal”, indicó.

Asimismo, los fiscales asignados al caso han podido corroborar hasta el momento que la empresa Kalyc de Honduras S. de R. L. es la empresa que fue favorecida con estos procesos de licitación lógicamente dentro de la investigación se encontraron elementos en relación a la forma en que fue constituida pero aún no hay nada preliminar que nos indique irregularidades en sí en la constitución de la misma.

Precisó que lo que les llamó la atención a los fiscales es la forma en la que se le adjudicaron estos procesos de licitación, que en un día se evacuaron diligencias propias de un proceso de adjudicación cuando por sentido común derivan en un tiempo prudencial para el análisis, evaluación de las ofertas y para resolver administrativamente lo que en derecho corresponde y haciendo el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado.

La primera etapa de las investigaciones sobre el caso del “Medicazo” que investiga la ATIC, estableció que el monto de lo defraudado por los funcionarios del Hospital de Santa Bárbara mediante licitaciones amañadas asciende a 2,304,325.00 lempiras.

De acuerdo al reporte investigativo de los agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, a partir de una denuncia que realizó la Asociación para Una Sociedad más Justa (ASJ), el pasado 12 de noviembre del 2013, a través de la Gerencia Administrativa del Hospital de Santa Bárbara, se realizaron siete procesos de compras de productos farmacéuticos mediante licitaciones privadas para la adquisición de los insumos.