Por Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
Mientras preparaba esta columna, se daban dos hechos separados por miles de kilómetros pero que estaban totalmente relacionados.
En la sede de las Naciones Unidas, el presidente guatemalteco Jimmy Morales y su canciller, realizaron una visita sorpresiva a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, donde “el presidente planteó la necesidad de que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala”.
La CICIG,es una institución internacional que durante el año 2015, a raíz de una profunda investigación sobre defraudación aduanera, llamada la Línea, provocó la renuncia y encarcelamiento del binomio presidencial. Honduras cuenta desde hace algún tiempo con una institución similar en sus objetivos, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La CICIG cuya cabeza, el día de hoy el juez colombiano Iván Velázquez, es nombrada por las Naciones Unidas, por lo tanto, parece lógico que cualquier queja se haga al secretario de la ONU. Lo que ha sorprendido es que el mismo presidente haya viajado a Nueva York, dándole una prioridad absoluta a este tema frente a cualquier tema nacional.
Casi simultáneamente, en conferencia de prensa, el comisionado Velázquez, junto a Thelma Aldana, cabeza del Ministerio Público, anunciaban los resultados de la investigación de supuesta financiación ilícita en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Según lo expresado en la conferencia, el partido FCN-Nación, cuyo secretario general y candidato era Morales, ocultó información sobre el origen del financiamiento del partido.
Ya que el secretario general es el responsable directo de cumplir con estas obligaciones de transparencia, el MP y la CICIG han solicitado antejuicio contra el presidente de la República.
A partir de ese momento se presentó la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, que en tres días debe estimar si lo remite al Congreso de la República. Allí se nombra una Comisión Pesquisidora que emite una opinión, e inmediatamente después una votación, donde si dos tercios de los diputados lo aprueban, eliminan el antejuicio al presidente. En ese momento el MP puede y seguramente solicitará orden de captura.
Creo justo y necesario recordar que todos somos inocentes hasta no ser vencidos en juicio legítimo.
El presidente Morales tiene el deber de salvaguardar la Constitución y que nadie, ni ninguna institución la violenten, por muy buenas intenciones que se esgriman. Ahora le tocará defenderse frente a unas acusaciones muy específicas y que podrían solventarse si se tienen las pruebas. Esto lo confirmaremos durante esta semana.
De otra manera, muy pronto –seguramente- veremos un proceso doloroso pero necesario, que posiblemente exijan la renuncia del presidente.
Al terminar de escribir esta columna, el Presidente Morales ha decidido expulsar del país al Comisionado Velázquez, una acción que muchos analistas ven como el peor error político que se puede cometer. La ONU y los principales donantes internacionales han cerrado filas protegiendo a Velázquez y la CICIG.
La lección para Honduras es sencilla, si tratamos y luchamos por respetar el Estado de Derecho, todos seremos iguales ante la ley y si esta se violenta, se pagan las consecuencias, tarde o temprano.
