El presidente de la comisión interventora de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), con sede en Catacamas, Marcial Solís, lanzó un llamado al gobierno para que les brinde seguridad, ya que existen grupos- criminales podría ser- internos y externos, que se resisten al orden. En una plática con LA TRIBUNA, esto dijo Solías, a ocho meses de la intervención:
¿Quién no quiere el orden?
Hay sombras que se miran, que se mueven a lo interno y lo externo de la universidad, pareciera que hay intereses poderosos fuera de la universidad, que provoca mucho temor entre los empleados, los alumnos, los docentes.
¿Grupos criminales?
Parece que sí, ahí pudiera haber de todo, creo que la ATIC sacó más información que yo, pero lo cierto es que hubo personas antes de la crisis que tuvieron mucho poder ahí y no lo quieren soltar.
¿Gente vinculada a la universidad?
Es gente con autoridad, algunas, no todas, que no quieren aceptar el orden. Resulta que Catacamas es una ciudad abandonada por el gobierno, los medios no llegan, muchos años de desorden y hasta impunidad y pensaron que nunca nadie iba a poner y ahora que estamos poniendo orden, estamos ganando enemigos poderosos, que tienen familiares y amigos adentro de la universidad.
¿Es cierto que están renunciando por esas amenazas?
No. Tenemos un compromiso serio con el Estado y que de las amenazas que se encargue el Estado. Somos fieles al mandato del Presidente de la República y vamos a seguir, a menos que se nos retire de las funciones.
¿Quién inventó su renuncia?
Parece ser el deseo de algunas personas que han iniciado una campaña sucia para denigrar a través de correos anónimos, llenos de mentiras.
Dicen que ya ni van por las amenazas ¿Es cierto?
Estamos trabajando, a pesar de las últimas amenazas por publicaciones de muerte de ganado y el regreso de los bienes incautados.
¿Quién les ordenó devolver esos bienes incautados?
El Consejo de Educación Superior ordenó que ninguna universidad tome bienes incautados y le pidió a nuestra universidad devolverlos, sentimos que sin querer estamos tocando otros intereses y eso provoca las amenazas de muerte.
¿Está al tanto la Policía de estas amenazas contra ustedes?
Si, y del ganado y los bienes, lo conocen la ATIC desde diciembre, antes que nosotros llegáramos. Lo único que estamos haciendo es poner orden.
¿No les han asignado seguridad?
Todavía, no. Nos ofrecieron oficialmente, ya está autorizada la protección, pero no se nos ha dado hasta el momento. Esperamos que el Estado cumpla.
¿Cuáles son los hallazgos de la intervención?
Nosotros tomamos posesión en enero, estamos poniendo orden, aunque es difícil ordenar todo en ocho meses, en un desorden que ha durado 18 años.
¿Qué tipo de desorden?
El principal problema es académico, no existían calificaciones, matrícula, profesores que no entregaban notas, graduados sin expedientes de respaldos. Había estudiantes matriculados como etnias y becarios que repitieron hasta 15 veces una clase. Hasta el mes de junio nadie sabía cuántos alumnos estaban matriculados. Hoy le puedo decir que ahora hay 3,052.
¿Se normalizó la matrícula?
Por ese desorden se sacrificó la matrícula del 2017, porque no sabíamos si el presupuesto ajustaría para darles de comer a los alumnos. El déficit financiero es de 90 millones de lempiras. Eran más de 6,000. Para el 2018, pensamos recibir unos 600 con el campus que estamos alistando en Comayagua, donde podríamos alojar unos 400, y 200 más en Catacamas.
¿Qué hicieron con los alumnos que dormían fuera del campus?
Todos fueron regresados al campus. Estamos trasladando a las muchachas a unos edificios nuevos con fondos del BCIE.
¿Cuándo finaliza la intervención?
El 16 de enero del 2018, aunque el decreto dice que es prorrogable y sería lo mejor, estemos o no nosotros, porque el problema es más grande y la intervención debería seguir por más tiempo.
¿A quién le rinden informes ustedes?
A la Comisión de Educación del Congreso. Estamos esperando una reunión con ellos para entregarles el informe.
¿Será difícil esa reunión porque todos andan en campaña?
Bueno, pero además, la parte más importante ya la conocen y también el Consejo Superior de Educación, porque antes de nosotros estuvo una comisión que presidió don Efraín Díaz Arrivillaga.