Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
Se torna un imperativo categórico que en el país se adopten incontinenti las medidas requeridas para que funcione el gobierno electrónico, (que desde hace ya varios años venimos promoviendo) y que ya ha sido implantado en varios países, generando cambios cualitativos en el accionar de la administración pública, garantizando la transparencia y efectividad y eliminando la tan nefasta corrupción.
Más que propuestas concretas en cuanto a la implantación del gobierno electrónico, en el presente artículo queremos hacer una relación de las medidas que es preciso tomar en el campo tecnológico, empezando por establecer los lineamientos que se deben cumplir para la prestación de servicios ciudadanos digitales y para permitir a los usuarios el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos, en el entendido que en ello deben estar involucradas todas las entidades que conforman la administración pública y los particulares que cumplen funciones públicas y con una involucración directa, efectiva y funcional de los poderes Legislativo y Judicial. Además, deben estarlo, todos los órganos de control, los órganos autónomos e independientes, y demás organismos del Estado.
Se habla del aliado tecnológico, considerado como la persona jurídica que apoya a la entidad pública, al particular con funciones públicas o particulares autorizados por la ley en todos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información para el proceso de autenticación biométrica. También se habla de articulador, que sería la entidad encargada de adelantar las interacciones con los distintos actores involucrados en la prestación de los servicios ciudadanos digitales para lograr una prestación coordinada y adecuada de tales servicios.
Elementos o conceptos básicos que debería incorporar la normativa: Autenticidad. Es el atributo generado en un mensaje de datos, cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el mensaje de datos. Cadenas de trámites. Es la relación de dos o más trámites que implica la interacción entre dos o más entidades o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el propósito de cumplir los requisitos de un determinado trámite.
Cédula de ciudadanía digital. Es el equivalente funcional de la cédula de ciudadanía, expedida por el Registro Nacional de la Personas. Credenciales de autenticación. Son las firmas digitales o electrónicas que utilizadas por su titular permiten atribuirle la autoría de un mensaje de datos, sin perjuicio de la autenticación notarial. Documento electrónico. Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o similares.
Documento electrónico de archivo. Es el registro de la información generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo de vida; es producida por una persona o entidad debido a sus actividades y debe ser tratada conforme con los principios y procesos digitales archivísticos.
Escritura pública electrónica. Ello automáticamente nos vincula con el ciber notario. Es el equivalente funcional de la escritura pública, la cual debe cumplir normas sustanciales relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los preceptos de derecho notarial.
Igualmente es preciso hablar de: Formato o formulario. Es la plantilla estandarizada por las entidades públicas para la creación de documentos electrónicos de archivo. Integridad. Es la condición que garantiza que la información consignada en un mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación.
Manual de condiciones. Es el documento aprobado y adoptado por el Estado mediante acto administrativo, en el cual se definen los requisitos específicos para adelantar los procesos de selección objetiva mediante los cuales se escogerán a los operadores de los servicios ciudadanos digitales, así como los lineamientos, estándares y normas técnicas necesarios para la prestación del servicio que deben observar los actores involucrados en la prestación de servicios ciudadanos digitales. Marco de interoperabilidad. Es el conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca facilitar y optimizar la colaboración entre organizaciones privadas y entidades del Estado para intercambiar información, en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades para intercambiar información.
Es preciso definir, nivel de garantía. Es el grado de confianza en los procesos que conducen a la autenticación electrónica. No repudio. Es el atributo que brinda protección contra la denegación por parte de una de las partes que interviene en un trámite ante el Estado a través de los servicios ciudadanos digitales. Privacidad por diseño: Es la protección de la información que exige la incorporación en las especificaciones de diseño de tecnologías, procesos, prácticas de negocio e infraestructuras físicas que aseguren la protección de la privacidad de la información.