Por Armando Cerrato
Para Ebal Díaz el principal asesor presidencial y superministro del régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado, ambos abogados de profesión, la Constitución de la República es tan solo “un librito” y por lo tanto, su contenido para ellos no contiene el espíritu de ley que es lo que a su juicio es lo que debe normar la conducta de los administradores de los bienes del Estado desde los cargos claves del gobierno.
Ebal, sostuvo estos absurdos criterios fuera de toda base jurídica y de aparente crasa ignorancia del Derecho Constitucional que necesariamente cursó y aprobó en las aulas universitarias donde se distinguió como estudiante de las ciencias jurídicas y sociales, durante una comparecencia pública en Radio América.
Fue por ello que el abogado Juan Carlos Barrientos del Partido Liberal y profesor de Derecho Constitucional le brindó con mucha brevedad y precisión toda una cátedra sobre el significado de la Carta Magna, como fuente originaria de todo el cuerpo legal del país al recoger en su articulado el espíritu de los legisladores que reunidos en Asamblea Nacional Constituyente la redactaron.
Barrientos le dijo a Ebal que si su concepción jurídica de que la Constitución era un simple librito sin espíritu, entonces habría que desechar todo el resto de codificación que norma la vida legal e institucional del país.
En el debate también participó el excanciller Milton Jiménez Puerto en representación de la Alianza Nacional Opositora contra la Dictadura (LIBRE-PINU- Nasralla) quien se mostró molesto por la antojadiza interpretación del nacionalista Ebal Díaz sosteniendo la tesis de que la Constitución de la República solo puede ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente tras un plebiscito en el que la voluntad popular se exprese en ese sentido.
Empero los tres abogados estuvieron de acuerdo en que la legislación evoluciona y que su evolución es la que marca el verdadero desarrollo jurídico de las sociedades, por ello no condenaron la reelección en sí, pero Jiménez Puerto y Barrientos sí condenan la forma en que en Honduras se está planteando un proceso eleccionario reeleccionista.
Los tres abogados son del criterio que ya resulta extemporáneo a estas alturas, seguir en la discusión de si la reelección es legítima, legal e inconstitucional o se enmarca dentro de un proceso de expresión jurídica extraordinaria por una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene facultades, y de hecho no lo hizo para reformar la Constitución de la República que prohíbe en varios de sus artículos la reelección presidencial.
Por otro lado, Jiménez Puerto y Barrientos también condenaron toda una serie de violaciones no solo constitucionales sino a otros estamentos jurídicos relacionados con la elección del titular del Poder Ejecutivo, diputados y corporaciones municipales.
Estuvieron de acuerdo en que la oposición al régimen que busca su reelección puede triunfar si el proceso electoral se hace en forma transparente, aunque a criterio de ellos para que ese acto sea ideal hacen falta varias reformas a la Ley Electoral porque no basta con que el Tribunal Supremo Electoral haya invitado abiertamente a cuanto ente nacional e internacional con altas calificaciones de transparencia desee observar el proceso, de hecho se anuncia la llegada de nutridas delegaciones de la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes de organismos electorales de varios países del continente americano pero, como se sabe, los observadores no pueden dar opiniones vinculantes que en determinado momento pudieran influir en la transparencia del proceso, pues su misión se limita a observar el desarrollo pacífico del mismo.
Licenciado en Periodismo